La Fundación Puente Vincular denunció el incumplimiento sistemático de la ley nacional sobre personas en situación de calle en Mendoza. Advirtió sobre desalojos violentos, falta de centros dignos y abandono en salud mental. “La dignidad no se negocia, se defiende”, afirmaron en una carta pública dirigida a las autoridades.
A través de una carta pública dirigida a las autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas, la Fundación Puente Vincular (con 18 años de trabajo territorial) advirtió sobre la “acuciante situación” que atraviesan las personas en situación de calle (PSC) en Mendoza y cuestionó con dureza la falta de respuesta integral del Estado.
El comunicado surge en el contexto de la ola polar que afecta a la provincia, el reciente fallecimiento de dos personas en la vía pública, y la entrada en vigencia del Decreto 373/2025, que modificó la Ley Nacional 27.654, trasladando las responsabilidades de atención de PSC (personas en situación de calle) a las provincias y municipios.
“La realidad está siendo un grito desesperado y requiere acciones concretas”, advirtió la fundación Puente Vincular, en línea con el reciente comunicado de la Arquidiócesis de Mendoza.
En el documento, la organización recuerda que la Ley 27.654 sigue vigente y establece obligaciones claras para el Estado en materia de dignidad, salud, integración social, documentación y acceso a derechos básicos. Sin embargo, sostienen que ninguno de estos mandatos se cumple en Mendoza.
“No puede ser que sea el propio Estado, con su poder y sus recursos, quien viole sistemáticamente esa ley y violente a las personas a las que dice proteger”, señala el texto.
No basta con tener buenas intenciones. Lo que falta es la decisión política de actuar con humanidad, compromiso y coherencia. No basta con tener buenas intenciones. Lo que falta es la decisión política de actuar con humanidad, compromiso y coherencia.
La fundación Puente Vincular plantea una serie de interrogantes urgentes al Gobierno provincial: “¿Van a seguir los desalojos sin alternativas válidas? ¿Se va a seguir culpando a las personas por no ‘querer’ ir a lugares indignos donde no hay comida, ni privacidad, ni acompañamiento?”
Y concluyen con una advertencia firme: “La dignidad no se negocia, se defiende todos los días, en la calle y con el cuerpo. Lo haremos con el Estado si decide cumplir su rol. Si no, lo haremos incluso en su contra”.