Un total de $3.753.814.700 fueron adjudicados por el Gobierno de Mendoza para la compra de un sistema fijo de inhibición de señales y tecnología antidrones que se instalará en los complejos penitenciarios Almafuerte I y II. La medida apunta a bloquear las comunicaciones desde sectores de la cárcel y evitar el ingreso de elementos prohibidos mediante drones.
La medida apunta a reforzar la seguridad dentro de las cárceles, bloquear las comunicaciones desde sectores específicos y evitar el ingreso de elementos prohibidos mediante drones. La intención es impedir que se utilicen teléfonos para organizar delitos desde los penales, limitar las comunicaciones entre integrantes de bandas criminales y frenar las entregas de contrabando por vía aérea.
La licitación fue otorgada a Cytric Solutions Argentina S.R.L., que presentó la única oferta admisible durante el proceso. La cotización final se fijó en US$ 2.485.970, equivalentes a $3.753.814.700 según el tipo de cambio oficial del Banco Nación utilizado para evaluar la propuesta.
El contrato contempla posibles ajustes por diferencias cambiarias al momento del desembolso. La adjudicación se formalizó mediante el Decreto 2151, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
El proyecto contempla la colocación de ocho gabinetes para inhibir señales de celulares y otros cinco para bloquear conexiones Wi-Fi. Los equipos se instalarán en los módulos 3 y 4 de Almafuerte I.
El sistema elegido es el Netline C-Block, que permite bloquear de manera selectiva las comunicaciones inalámbricas en sectores determinados del penal. Además de las señales de telefonía móvil y Wi-Fi, puede interferir en conexiones Bluetooth y determinadas señales satelitales.
Los dispositivos estarán administrados desde un programa centralizado, que permitirá controlar su funcionamiento y gestionar las restricciones en las áreas alcanzadas por la instalación.
La inversión también incluye equipos para detectar y neutralizar drones en Almafuerte I y II. La tecnología podrá identificar varias aeronaves al mismo tiempo y seguir sus movimientos, velocidad, altura y trayectoria.
Ante la presencia de un aparato no autorizado, el sistema tendrá capacidad para intervenir sobre sus comunicaciones y provocar su alejamiento o un aterrizaje controlado, según las características del dispositivo.
El objetivo es dificultar el ingreso de teléfonos, drogas y otros elementos prohibidos mediante entregas aéreas, además de reforzar la vigilancia sobre los alrededores de los establecimientos penitenciarios.
La empresa tendrá un plazo máximo de 120 días corridos desde la notificación formal de la adjudicación para entregar los equipos, completar las instalaciones y poner en funcionamiento los sistemas.
Los trabajos incluyen el tendido de fibra óptica, la adecuación de las instalaciones eléctricas, el montaje de antenas y la colocación de una torre destinada a la detección de drones.
El contrato también contempla una garantía de 24 meses, mantenimiento técnico preventivo y correctivo, y capacitación para un máximo de 25 agentes penitenciarios.
La puesta en funcionamiento permitirá incorporar nuevas herramientas para controlar las comunicaciones en sectores de Almafuerte y detectar posibles intentos de ingresar elementos prohibidos mediante drones.