Mendoza busca la aprobación del ENACOM para acabar definitivamente con el problema de los celulares en las cárceles
Nación respalda a Mendoza para bloquear celulares en cárceles
Nación respalda a Mendoza para bloquear celulares en cárceles
El control de las comunicaciones en los establecimientos penitenciarios de Mendoza recibió el impulso del Ministerio de Seguridad Nacional, que respaldara el pedido de la provincia para bloquear los celulares en las cárceles de la provincia.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, acompañó la solicitud de su par mendocina, Mercedes Rus, para avanzar ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con mecanismos que permitan bloquear las comunicaciones de los equipos detectados dentro de las cárceles provinciales.
El problema es que, por el esquema vigente, la autorización para inhibir señales está contemplada para establecimientos penitenciarios federales, por lo que Mendoza necesita una definición del organismo nacional para extender esa herramienta a sus penales.
Mientras esa posibilidad continúa en trámite, el Servicio Penitenciario mendocino mantiene los controles mediante requisas y el secuestro de los dispositivos que son encontrados dentro de los establecimientos.
Según explicó Rus, los números de los celulares detectados durante las requisas son enviados por el Servicio Penitenciario al ENACOM para solicitar la baja de esas líneas y evitar que continúen operativas.
La provincia también cuenta desde el año pasado con un sistema portátil de inhibición selectiva que puede utilizarse durante procedimientos de requisa y allanamientos realizados con intervención judicial. La herramienta permite bloquear comunicaciones en un sector determinado mientras se desarrolla el operativo.
Ahora la provincia pretende dar un paso más y conseguir una inhibición permanente en un sector específico del penal Almafuerte, destinado a internos considerados de alto perfil o mayor peligrosidad.
La posibilidad de establecer sectores diferenciados dentro del sistema penitenciario surgió a partir de una reforma legislativa que permitió clasificar a la población carcelaria según su nivel de riesgo.
El pedido tomó mayor fuerza después de un episodio ocurrido en el Complejo Penitenciario San Felipe, donde un grupo de internos apareció durante una transmisión en vivo realizada a través de OmeTV junto a un streamer bonaerense.
La situación generó cuestionamientos sobre los controles dentro de las cárceles de Mendoza, ya que la tenencia de celulares está prohibida para las personas privadas de la libertad en los establecimientos provinciales.
Tras la difusión de las imágenes, el Servicio Penitenciario realizó una requisa en el módulo donde estaban alojados los internos y secuestró los teléfonos utilizados para realizar la transmisión.
Los involucrados fueron identificados y quedaron sometidos a investigaciones administrativas y disciplinarias. Además, fueron trasladados hacia un sector del Complejo Almafuerte destinado a internos de muy alto perfil y con mayores restricciones.
El episodio también expuso una dificultad que el Gobierno mendocino busca resolver: impedir que un celular pueda ingresar al sistema penitenciario y, en caso de que lo haga, evitar que pueda utilizarse para establecer comunicaciones.
La discusión ya no está centrada solamente en el secuestro de teléfonos. La provincia pretende contar con una herramienta que permita inutilizar las comunicaciones de los equipos detectados dentro de los penales, una alternativa que requiere avanzar sobre las competencias nacionales en materia de telecomunicaciones.
En ese contexto, el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación representa un nuevo elemento para el reclamo mendocino ante el ENACOM. La intención es que los controles no dependan exclusivamente de encontrar físicamente cada dispositivo durante una requisa.
Por ahora, sin embargo, Mendoza continúa aplicando sus mecanismos de control y enviando al organismo nacional los números identificados para solicitar su baja. La posibilidad de contar con un bloqueo permanente en cárceles provinciales todavía depende de una autorización nacional.
