El Partido Verde cuestionó a la minera San Jorge por apropiarse del cauce y apuntó contra Irrigación por avalar la maniobra que podría derivar en privatización.
Mario Vadillo denunció que la minera San Jorge pretende la privatización del arroyo El Tigre en Uspallata, con aval del Departamento General de Irrigación.
“El agua no se compra ni se regala”. Con esa consigna, el presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, alertó sobre un nuevo conflicto socioambiental en la provincia de Mendoza: la posible privatización del arroyo El Tigre, un curso de agua cordillerano ubicado en Uspallata, por parte de la minera San Jorge.
Según denunció, la empresa pretende usar hasta 120 litros por segundo del arroyo sin contar con concesiones formales ni estudios ambientales adecuados, amparándose en permisos precarios otorgados por el Departamento General de Irrigación.
En un fuerte comunicado, Vadillo advirtió que el caso forma parte de una avanzada extractivista que busca “privatizar recursos hídricos” mediante interpretaciones sesgadas de la ley. Según explicó, la minera argumenta que, como el arroyo nace y muere dentro de su propiedad, puede disponer del agua como si le perteneciera.
“El arroyo El Tigre no es de la minera, es de todos. Así lo establece la Ley de Aguas de Mendoza y el Código Civil de la Nación”, sostuvo el dirigente, quien acusó a Irrigación de actuar como “escribanía de los poderosos” por no frenar la obra pese a los propios informes técnicos que desaconsejan intervenir el cauce.
Vadillo fue especialmente crítico con la figura de los permisos precarios, que según afirmó “funcionan como concesiones pero sin controles, sin plazos ni revocación”. A su entender, estos mecanismos permiten el uso discrecional de agua pública sin participación ciudadana ni transparencia, generando un “vaciamiento del sistema de control ambiental” en la provincia.
El caso del arroyo El Tigre se suma a otros antecedentes citados por el presidente del Partido Verde, como los pozos otorgados en El Carrizal a empresas como Cresud y Eilstein, en zonas declaradas en emergencia hídrica; y la intervención del arroyo en El Challao para alimentar una cascada privada en una propiedad del empresario Daniel Vila, mientras los vecinos reclaman agua potable.
“Pozos para los ricos, camiones para los pobres. Esa es la lógica que gobierna el agua en Mendoza”, disparó el ex legislador.
El dirigente pidió la cancelación inmediata de los permisos precarios sin estudios públicos e independientes, así como una reforma estructural del Departamento General de Irrigación. Remarcó que la crisis no es solo hídrica, sino institucional: “El problema no es que falte agua. El problema es que falta Justicia Ambiental”.
“La ley es clara: el agua es pública. Primero está el consumo humano, luego la producción, y al final, la industria. Pero hoy eso está totalmente invertido”, señaló. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a defender los recursos comunes: “No podemos permitir que el agua siga bajando solo para los de arriba. Desde abajo, solo nos queda resistir”.