- El Gobierno toma apunte y prepara la presentación de un nuevo Código Penal
- El borrador apunta a endurecer penas y mucho más
El Gobierno pone primera con el nuevo Código Penal.
El Gobierno encabezado por Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal que propone una transformación profunda del sistema de sanciones en Argentina. El borrador, trabajado por el Ministerio de Justicia, busca modificar criterios vigentes desde hace décadas y apunta directamente contra lo que la administración califica como “el ciclo de impunidad” que domina el sistema penal.
Según fundamenta el texto, el actual esquema legal “genera una burla para la sociedad”, especialmente por permitir que muchos condenados accedan a reducciones de pena o directamente eviten el cumplimiento efectivo.
El anteproyecto introduce un incremento significativo en las escalas penales de numerosos delitos. Los redactores sostienen que las sanciones deben “guardar proporcionalidad con el daño provocado” y que, en muchos casos, los valores vigentes resultan insuficientes para responder a la gravedad de los hechos.
El homicidio agravado, que actualmente ya prevé prisión perpetua, sumará nuevas circunstancias agravantes. Entre ellas se incluirá cuando la víctima sea el Presidente, ministros u otras autoridades nacionales, así como cuando se trate de menores de 16 años o mayores de 65.
En el caso de pornografía infantil, el endurecimiento es notable: la sanción pasa de 3–6 años a 3 a 12 años, con un agravante que eleva el mínimo a 4. Para la posesión con intención de distribuir material, el anteproyecto fija un castigo de 4 a 12 años de prisión.
Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación de figuras específicas en materia de robos, adaptadas a fenómenos delictivos actuales:
Las escalas también se elevan: el robo simple cometido con fuerza tendrá una pena de 3 a 8 años, el robo ejecutado con violencia sobre personas será castigado con 3 a 10 años y los delitos graves que no prescriben: una ruptura con el criterio histórico.
Otra transformación central es el endurecimiento del criterio de cumplimiento efectivo de las condenas. El Gobierno estima que, con el nuevo esquema, alrededor del 82% de los delitos requerirá prisión efectiva, debido al aumento de los mínimos penales y a la reducción de las posibilidades de acceder a castigos en suspenso.