- Los procedimientos marcan un punto de inflexión en una investigación que apunta a Chiqui Tapia
- La justicia investiga la relación entre AFA y TourProdEnter
El Gobierno, a través de ARCA, dio un paso estratégico en la batalla legal que mantiene con la AFA.
RedesLa mañana del martes ha sacudido las bases institucionales del deporte nacional. En un operativo simultáneo de alto impacto, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) ingresaron a la sede administrativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la calle Viamonte y al predio "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza.
Los procedimientos, ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, marcan un punto de inflexión en una investigación que apunta al corazón de la gestión de Chiqui Tapia. La causa, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), busca desentrañar una presunta red de lavado de dinero vinculada a contratos comerciales internacionales, triangulaciones financieras y el desvío de fondos que debían ingresar a las arcas de la institución.
Los allanamientos no se limitaron a las oficinas de la dirigencia. Mientras las fuerzas de seguridad registraban los despachos en el centro porteño y la base operativa de la Selección Argentina, otro operativo se desarrollaba en la vivienda de Javier Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC. Esta empresa es el eje sobre el cual gira la sospecha judicial.
La justicia investiga si la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, sociedad constituida en Florida en 2021, sirvió como vehículo para maniobras ilícitas. Según informes basados en registros bancarios de Estados Unidos, esta firma habría recaudado cerca de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años por la gestión comercial de la AFA en el exterior. La sospecha de los fiscales es que una parte significativa de ese dinero fue desviada hacia sociedades particulares y personas físicas.
Uno de los puntos más sensibles de la causa toca directamente a la tesorería de la AFA. La investigación judicial ha puesto el foco en Darío Toviggino, hermano del actual tesorero y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino.
De acuerdo con el análisis de los movimientos bancarios obtenidos por la justicia estadounidense, una sociedad integrada por Darío Toviggino habría recibido aproximadamente 468.000 dólares en un periodo de apenas siete meses. El Juez Armella busca determinar si estos pagos responden a servicios reales o si forman parte de un esquema de retornos vinculados a los contratos internacionales de la "Scaloneta".
Desde la calle Viamonte, la respuesta fue inmediata y beligerante. A través de un comunicado oficial, la AFA expresó su "más enérgico rechazo" a los procedimientos, calificándolos como una campaña de desestabilización institucional.
La dirigencia apunta directamente al Gobierno de Javier Milei, sugiriendo que existe una intencionalidad política detrás de los allanamientos. La tensión entre el Ejecutivo y la AFA ha alcanzado niveles máximos debido a la disputa por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que el Gobierno intenta imponer y que la cúpula de la AFA ha rechazado de plano en cada asamblea.
Este sismo judicial no es un hecho aislado. La cúpula de la AFA enfrenta actualmente un asedio en varios frentes legales que complican su estabilidad:
Mientras la Selección Argentina atraviesa su mejor momento deportivo, la administración del fútbol local entra en una zona de turbulencias legales sin precedentes. La Justicia Federal ha decidido seguir el rastro de los dólares, y el resultado de estos allanamientos podría redefinir el futuro de la dirigencia deportiva en el país.