-En los últimos dos años, se consolidó una pérdida del 27,4% en el poder de compra de los jubilados.
-La nueva fórmula está atada exclusivamente al IPC.
En los últimos dos años, se consolidó una pérdida del 27,4% en el poder de compra de los jubilados.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaA dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el balance para el sector pasivo muestra cifras preocupantes. Según un relevamiento del CEPA, la implementación de la nueva modalidad de ajuste por decreto ha consolidado una pérdida del 27,4% en el poder de compra de los jubilados.
El informe del Centro de Economía Política Argentina indica que este sector se ha convertido en una pieza fundamental para el sostenimiento del superávit fiscal del Gobierno.
La modificación, establecida a través del DNU 274/2024, clausuró el esquema previo que combinaba recaudación y salarios, reemplazándolo por una actualización atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El informe técnico destaca que la derogación de la ley anterior ocurrió justo antes de que los indicadores de salarios y recaudación comenzaran a superar a la inflación. De haber continuado aquel sistema, la jubilación mínima sin refuerzos debería rondar hoy los $434.279, mientras que el monto actual se congela en $340.886.
Esta diferencia de casi $94.000 mensuales representa el "ahorro" que el Estado ha generado a costa de los ingresos previsionales. Los analistas de CEPA advierten que el mecanismo actual funciona como un techo: si bien evita que los haberes sigan cayendo ante una inflación estable, impide por diseño cualquier tipo de recuperación del terreno perdido durante 2024 y 2025.
La situación se agrava para quienes perciben el haber mínimo debido a una decisión administrativa clave: el congelamiento del bono de $70.000. Este refuerzo, que se mantiene inalterado desde marzo de 2024, ha sufrido una erosión nominal drástica.
Por lo tanto, mientras el haber básico escaló un 154% entre marzo de 2024 y fines de 2025, la jubilación mínima real (con bono incluido) apenas subió un 101%. Para que el bono conservara su valor original, en este inicio de 2026 debería ser de $177.485.
Esto desencadenó que el poder adquisitivo actual de los pasivos se ubica un 3% por debajo del promedio de la década del 90, marcando un retroceso histórico en la calidad de vida de los adultos mayores.
Más allá de los montos mensuales, el informe de CEPA pone el foco en la barrera de acceso al sistema. Tras el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025, el panorama para quienes cumplen la edad de retiro es crítico: el 90% de las mujeres y el 80% de los hombres no alcanzan los 30 años de aportes necesarios.
Sin una herramienta de moratoria, la única alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Sin embargo, este beneficio representa apenas el 80% de una jubilación mínima, lo que profundiza la vulnerabilidad económica de quienes ingresan hoy al sistema de seguridad social.