Este jueves, los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza de Nueva York Loretta Preska que fije fechas para avanzar con una declaración de desacato y posibles sanciones económicas contra la Argentina, por demoras en la entrega de chats, mensajes y correos de funcionarios y exfuncionarios.
El pedido fue presentado por Petersen y Eton Park, financiados por el fondo Burford, tras obtener una sentencia favorable por US$16.000 millones, actualmente apelada por el Estado argentino.
Los demandantes acusan al país de incumplir órdenes judiciales y de entregar información de manera parcial.
Piden sanciones para Argentina por el caso YPF.
El firme pedido que complica a la Argentina
En el escrito propusieron un cronograma para tratar el desacato: la moción el 15 de enero, la respuesta argentina el 19 de febrero y la réplica el 5 de marzo, esquema que fue aceptado por la defensa.
El objetivo de fondo es demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas actúan como “alter egos” del Estado, lo que podría habilitar embargos. Para ello reclaman comunicaciones privadas de funcionarios, entre ellos Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno.
Desde el Gobierno sostienen que los dispositivos son personales y que la entrega depende de la voluntad de cada funcionario, aunque los demandantes insisten en que persisten las demoras.