44% de los hogares pobres argentinos usan el crédito como un complemento de sus ingresos mensuales.
Informe ODSA: un tercio de los hogares pidió crédito para llegar a fin de mes
Informe ODSA: un tercio de los hogares pidió crédito para llegar a fin de mes
El crédito dejó de ser, para una parte de los hogares argentinos, una herramienta para comprar un bien que permanece después de pagar las cuotas y empezó a convertirse en un recurso para cubrir gastos que vuelven todos los meses. Durante el tercer trimestre de 2025, el 27,4% de las familias recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para afrontar consumos habituales.
El dato surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analizó las condiciones de vulnerabilidad financiera previas al crecimiento de la morosidad.
La situación fue mucho más marcada entre los hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. En ese grupo, el 49,2% tuvo que pedir dinero prestado, mientras que entre las familias que no atravesaban estrés económico el porcentaje fue del 13,3%.
El dato permite mirar el endeudamiento desde otro lugar. No se trata solamente de cuánto deben las familias, sino de para qué están tomando crédito. Cuando un préstamo se utiliza para pagar alimentos, servicios, alquiler o facturas, la deuda empieza a competir directamente con el ingreso necesario para sostener el mes siguiente.
El informe del ODSA muestra que la pobreza también tiene un fuerte impacto sobre la necesidad de recurrir al crédito. El 44,4% de los hogares pobres se endeudó para afrontar gastos corrientes, casi el doble que entre los hogares no pobres, donde el indicador fue del 22,4%.
La diferencia también aparece cuando se observa el nivel socioeconómico. La proporción de familias que recurrieron a algún mecanismo de financiamiento pasó del 11,8% en el estrato medio-alto al 23,2% en el medio-bajo y al 32,5% en el bajo.
En el estrato socioeconómico muy bajo, en tanto, alcanzó el 47,5%. El escenario más comprometido apareció entre los hogares que combinaban pobreza y estrés económico: allí el 55,8% pidió dinero para cubrir los gastos del día a día.
Para el ODSA, el punto de partida está en la insuficiencia de ingresos. El organismo señaló que la necesidad inmediata de dinero aparece como el factor más cercano que los lleva a recurrir al préstamo y que la pobreza profundiza esa vulnerabilidad.
Agustín Salvia, director del Observatorio, explicó además que durante 2025 se había instalado un clima de endeudamiento asociado a la expectativa de una mejora futura de la solvencia de los hogares. Sin embargo, detrás de ese proceso persistía una situación financiera frágil.
La señal de alerta también aparece en otros relevamientos. Una encuesta de Inteligencia Analítica mostró que el 44,5% de los consultados mencionó alimentos y productos básicos como motivo principal para endeudarse, mientras que el 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda.
En conjunto, esos dos destinos concentran el 76,5% de las respuestas. Muy por detrás aparecen otros usos del financiamiento, como salud, educación, ropa, calzado o bienes para el hogar.
El mismo relevamiento encontró otro dato que modifica la lectura del endeudamiento: el 77,2% de los consultados aseguró haber tomado una nueva deuda durante los seis meses anteriores para cancelar una obligación previa. Es decir, una parte importante de los hogares no está utilizando el crédito solamente para financiar un consumo, sino también para sostener deudas que ya contrajo.
Esta dinámica suele describirse como una cadena de deuda o “bola de nieve”. El problema aparece cuando una nueva obligación permite postergar el vencimiento de otra, pero incrementa al mismo tiempo el monto total que la familia deberá pagar en el futuro.
Además del capital, el refinanciamiento puede sumar intereses, comisiones, cargos administrativos, seguros y otros costos. De esa manera, una dificultad inicialmente puntual puede convertirse en una estructura de pagos cada vez más difícil de sostener.
El propio ODSA advierte que sus datos no permiten afirmar que los hogares que recurrieron a préstamos en 2025 sean exactamente los mismos que ingresaron en mora durante 2026. Pero sí permiten observar las condiciones que precedieron al deterioro posterior: cuando el crédito pasa a financiar el presupuesto ordinario, cualquier caída de ingresos o aumento de los gastos reduce rápidamente la capacidad de pago.
El aumento del endeudamiento se produjo mientras la morosidad de las familias también avanzaba. Según datos del Banco Central, la irregularidad del crédito bancario destinado a los hogares llegó al 12,8% del saldo en junio, frente al 2,5% registrado al cierre de 2024.
Al considerar tanto las deudas bancarias como las no bancarias, la estimación citada por el informe ubica en 5,86 millones a las personas con al menos una deuda atrasada. El 17% debía menos de $100.000 y cerca del 40% tenía una deuda inferior al salario mínimo de $367.800.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional sostiene que la morosidad debe resolverse entre los deudores y las entidades financieras. El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó la posibilidad de utilizar fondos públicos para compensar a los bancos y afirmó que no corresponde que los contribuyentes afronten las pérdidas del sistema crediticio.
Caputo también sostuvo que durante años los bancos tuvieron mayores incentivos para financiar al Estado que para prestar al sector privado. Según explicó, parte del escenario actual forma parte de una adaptación del sistema financiero y destacó que las entidades están ofreciendo refinanciaciones a plazos más largos y tasas menores.
Pero la discusión ya comenzó a trasladarse al ámbito legislativo. En la provincia de Buenos Aires existen distintos proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento, con propuestas que incluyen mecanismos de refinanciación, mediación, límites a determinadas prácticas de cobranza y herramientas de protección para las familias que no pueden afrontar sus compromisos.
Entre las iniciativas también aparecen propuestas para crear mecanismos administrativos de prevención, saneamiento y reestructuración de deudas. Algunas buscan intervenir antes de que el incumplimiento termine en embargos o en la pérdida de bienes esenciales para las familias.
El debate, así, ya no pasa solamente por cuánto crédito toman los argentinos. El punto central es qué está financiando ese crédito y cuánto margen tienen los hogares para devolverlo. Cuando el préstamo deja de servir para comprar un bien durable y comienza a cubrir comida, servicios o una deuda anterior, el problema deja de ser exclusivamente financiero y pasa a comprometer directamente el presupuesto familiar.
