Juicio Aramburu: no se puede defender lo indefendible
La audiencia de este jueves 17 de septiembre en el juicio por el crimen de Federico Martín Aramburu, el ex Puma nacido en La Plata, estuvo marcada por un fuerte cruce entre la defensa del acusado Loïk Le Priol y los especialistas que declararon ante el Tribunal Penal de París.
La estrategia del abogado de Le Priol no pasa por negar que su defendido disparó contra Aramburu. En cambio, la defensa sostiene dos argumentos principales: que actuó en legítima defensa y que su conducta estuvo condicionada por las secuelas de un trastorno de estrés postraumático que arrastraría desde su paso por la milicia francesa en África.
Esos planteos fueron discutidos durante la jornada por los especialistas que analizaron el estado psicológico de los acusados y, especialmente, el de Le Priol.
El punto central de la discusión estuvo en determinar si el estrés postraumático tuvo alguna incidencia sobre su capacidad de discernimiento al momento del crimen.
El debate por el estrés postraumático
El psiquiatra Daniel Zagury sostuvo ante el tribunal que Le Priol presentaba una “alteración leve del discernimiento”. Según explicó, este tipo de trastornos no desaparecen por completo y pueden presentar episodios en determinadas circunstancias.
El especialista vinculó ese cuadro con el pasado militar del acusado y sostuvo que existían elementos compatibles con un trastorno de estrés postraumático.

Sin embargo, las psiquiatras Isabelle Teillet y Roland Coutanceau, convocados a pedido de la fiscalía, cuestionaron esa conclusión y descartaron que existiera evidencia de un trastorno activo al momento del asesinato.
Teillet sostuvo que no observó durante aquella noche signos como hipervigilancia, alteraciones del sueño o pensamientos obsesivos que permitieran establecer una relación entre el estrés postraumático y la conducta de Le Priol.
La especialista también describió al acusado como “narcisista” y “vanidoso” y señaló una tendencia a atribuir a otras personas la responsabilidad por sus propios actos. Según su análisis, Le Priol se ubica en una lógica de “excusa eterna”.
Los “espejos narcisistas”
Durante la audiencia, Zagury también explicó cómo observaba la relación entre Loïk Le Priol y otro de los acusados, Romain Bouvier. Según el psiquiatra, ambos funcionaban como “espejos narcisistas”, potenciando mutuamente determinados rasgos de su personalidad.
En el caso de Bouvier, el especialista puso el foco en su relación con su padre biológico, a quien nunca conoció. Zagury consideró que el vínculo con Le Priol pudo haberse fortalecido como una forma de compensar esa ausencia afectiva.
El psiquiatra no detectó patologías en Bouvier, aunque describió el vínculo entre ambos como una relación en la que cada uno encontraba en el otro determinadas características que reforzaban su propia identidad.
Le Priol permaneció atento durante parte de la exposición y, según lo observado durante el juicio, tomó notas mientras Zagury desarrollaba su perfil psicológico.
En el caso de Lyson R., la conductora del Jeep en el que se movieron los acusados la noche del asesinato, Zagury la describió como una joven “modesta y reservada”. El especialista no encontró antecedentes ni patologías y sostuvo que su llamada “neutralidad emocional” debía ser entendida como una forma de reserva, no como una patología. Por eso, la consideró responsable de sus actos frente a la ley.
Qué puede pasar con los acusados
La discusión entre los especialistas no modifica por sí sola la situación procesal de los acusados, pero forma parte de los elementos que el tribunal deberá considerar para determinar sus responsabilidades.
En el caso de Le Priol, la discusión psiquiátrica también puede tener importancia al momento de establecer una eventual pena, ya que el acusado enfrenta la posibilidad de una condena a cadena perpetua si es encontrado culpable.
Loïk Le Priol, de 32 años, y Romain Bouvier, de 35, se exponen a la pena máxima prevista por el Código Penal francés: la cadena perpetua.
Para Lyson R. y el cuarto acusado, la investigación los ubica frente a penas de prisión vinculadas con su presunta participación y complicidad en el crimen. La extensión concreta dependerá de la responsabilidad que determine el tribunal.
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