Dalmiro Garay explicó que la Suprema Corte actuó de oficio e inició una investigación
Corsa del Acceso Sur: la Suprema Corte puso el caso bajo la lupa
Corsa del Acceso Sur: la Suprema Corte puso el caso bajo la lupa
Un Chevrolet Corsa que debía permanecer secuestrado terminó circulando por Mendoza y protagonizó un accidente en el Acceso Sur. Lo que parecía ser un siniestro vial derivó en una investigación que ahora apunta a reconstruir cómo el vehículo fue retirado de una playa de secuestros mediante documentación falsa.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, explicó que el máximo tribunal intervino de oficio y ordenó a la Inspección Notarial revisar la actuación de la escribana que figura vinculada al poder utilizado para liberar el automóvil.
En paralelo, el Colegio Notarial de Mendoza informó que la documentación presentaba irregularidades y que la persona que aparece como escribano en los papeles no está matriculada ni habilitada para ejercer como notario.
La investigación intenta determinar ahora quién confeccionó los documentos, cómo llegaron al expediente judicial y qué ocurrió para que el Corsa pudiera abandonar legalmente una playa donde debía continuar secuestrado.
El vehículo había sido secuestrado y permanecía en una playa municipal de la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, en junio de 2025 fue retirado después de que se presentara ante la Justicia la documentación necesaria para solicitar su liberación.
Según explicó Garay, el trámite llegó al juzgado, se presentó la documentación que acreditaba el supuesto pago de la multa y se solicitó la devolución del automóvil.
La jueza interviniente analizó los documentos incorporados al expediente y, al no advertir en ese momento una irregularidad evidente, autorizó la liberación del Corsa. El presidente de la Corte sostuvo que el procedimiento utilizado era habitual para este tipo de trámites.
El problema apareció después, cuando el automóvil terminó involucrado en un choque en el Acceso Sur, en Guaymallén.
El conductor, un hombre de 35 años, quedó bajo investigación luego de que el test de alcoholemia arrojara 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el accidente fue aprehendido por disposición judicial.
A partir de ese episodio también apareció otro dato que complicó todavía más el caso: un hombre se presentó ante la Policía y aseguró que el Corsa pertenecía a su madre, fallecida en 2022, y que ella nunca había autorizado a otra persona a retirarlo.
La documentación utilizada para conseguir la liberación del Chevrolet Corsa quedó en el centro de la investigación. El Colegio Notarial de Mendoza detectó inconsistencias en el poder presentado y señaló que algunos de sus elementos no coincidían con un instrumento notarial auténtico.
Entre las anomalías detectadas figuraron un código QR de verificación alterado, firmas ubicadas de una manera que no se corresponde con el formato habitual y una legalización que existe, pero que pertenecía a otro documento.
Además, la escribana cuya intervención aparece mencionada en los papeles aseguró que nunca emitió el poder utilizado para retirar el vehículo. La certificación que había realizado su estudio correspondía a otro trámite.
A esto se suma un dato central: el Colegio Notarial informó que el hombre que figura como escribano en la documentación no está matriculado ni habilitado para ejercer esa función.
Con estos elementos, la Justicia busca determinar si existió una falsificación de documentación pública y privada y quiénes pudieron intervenir en la maniobra.
Garay señaló que la Inspección Notarial fue instruida para analizar la actuación de la notaria que aparece vinculada al poder cuestionado. La medida fue dispuesta de oficio por la Suprema Corte a partir de las sospechas surgidas en el expediente.
Garay defendió la actuación de la jueza que autorizó la entrega del Corsa. Según explicó, la magistrada recibió la documentación a través de la representación legal del municipio y no tenía, a simple vista, elementos que permitieran advertir que los papeles eran apócrifos.
Si la pericia confirma que hubo adulteración o una maniobra de estafa, será la Justicia penal la encargada de determinar las responsabilidades.
También busca establecer si se trató de un hecho aislado. Garay sostuvo que, pese a los comentarios sobre otros posibles casos, hasta el momento no existen denuncias ni pruebas que permitan afirmar que existe una maniobra generalizada.
El caso quedó bajo intervención de distintas áreas judiciales, que deberán avanzar sobre la documentación y las declaraciones incorporadas al expediente.
Mientras tanto, el Chevrolet Corsa volvió a quedar bajo custodia judicial.
La pregunta que deberá responder la Justicia es cómo un automóvil que debía permanecer retenido pudo salir de una playa de secuestros y volver a las calles de Mendoza con documentación cuya autenticidad ahora está siendo investigada.
