La Policía Federal detuvo esta mañana en Neuquén a Federico Soria, vecino y asambleísta de Uspallata, quien estaba autorizado a viajar de forma expresa por la Fiscalía de Mendoza. La detención ocurrió porque el fiscal Juan Manuel Sánchez no dio oportuno aviso al resto de las unidades judiciales de que Soria no tiene pedido de captura nacional e internacional. La omisión le costó a este vecino la detención.

Alfredo Guevara, abogado de Soria, detalló a ElEditor Mendoza que "el 23 de mayo hice el pedido para que se levantaran las órdenes de captura. Federico había viajado en otras ocasiones. Y esta vez había presentado como corresponde los pasajes en la Fiscalía, Es un papelón".

De la protesta contra San Jorge al calabozo

Cuando Soria y Cornejo fueron denunciados tras una protesta contra San Jorge en Uspallata, el fiscal pidió la captura nacional e internacional de ambos. Esto fue en febrero. Cornejo fue capturado en la villa cordillerana y pasó en el calabozo 23 días. Soria también quedó tras las rejas cuando se presentó semanas después de la detención de Cornejo, a declarar.

Sin embargo, luego la jueza que llevaba la causa, Claudia Tula, se declaró incompetente, giró a la órbita nacional la causa y ordenó liberarlos. Tiempo después retomó la investigación y se creó un doble expediente.

Federico Soria estaba autorizado a viajar

Con la liberación de Soria y Cornejo, Guevara pidió que se levantaran las alertas y pedidos de captura. Sin embargo, a la luz de la detención de este jueves, la Fiscalía no lo tramitó, y Soria fue detenido en Neuquén, hacia donde había viajado con su pareja, con aviso previo a la Fiscalía y la presentación de los pasajes.

Fue necesario intervenir directamente, con un llamado de teléfono, para que se levantaran las alertas. "Me informaron que esta mañana la habían levantado", confirmó Guevara a este diario.

Detención y causas políticas

Cuando fue capturado junto a Mauricio Cornejo, ambos fueron acusados de amenazas. En ese momento calificó su situación como un acto de persecución política. "Soy un preso político de Cornejo", remarcó. Esta es la línea que mantuvieron las Asambleas por el Agua ante la orfandad de pruebas contra este vecino.

La denuncia en su contra fue presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, y cuenta con el patrocinio de Armando "el Polaco" Surballe, exfuncionario de Arturo Lafalla y actual síndico de la estatal de energía EMESA.

Represión policial durante la marcha contra minería en Mendoza