- Se trata de Ariel Quarñolo, quien es juzgado por un jurado popular
- El fiscal lo acusa como coautor del crimen
- Esta mañana finalizaron los alegatos
El empleado acusado por ser "datero" de la banda que asaltó al comerciante
Poder Judicial de MendozaTras los alegatos finales del juicio que busca esclarecer la responsabilidad penal de un empleado de Norberto Salzmann, el comerciante que murió asesinado por ladrones que ingresaron a su lubricentro en Guaymallén en febrero de 2023, el jurado popular comenzó a deliberar para intentar llegar a un veredicto. El fiscal pidió que sea declarado culpable y él dice que es inocente.
El acusado es Ariel Quarñolo, quien llegó a esta instancia penal imputado por "homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor". La fiscalía afirma que se trató del "datero" que brindó información clave al resto de los miembros de la banda ya condenados en un juicio abreviado mientras que la defensa sostiene la inocencia de su representado.
El debate comenzó a desarrollarse este lunes en el Polo Judicial Penal bajo la modalidad de juicio por jurado y es guiado técnicamente por el juez Técnico Mauricio Juan, quien tras los alegatos de clausura y las ultimas palabras del acusado dirigidas al jurado dio lugar esta mañana al inicio de la deliberación de los 12 ciudadanos que lo integran.
Quarñolo, el acusado en este debate oral por el hecho que ya tiene a los cuatro autores materiales condenados, luego de los alegatos de las partes, se dirigió al jurado y sostuvo brevemente: "espero una respuesta favorable como la vengo buscando hace tres años".
El acusado está sindicado como presunto "datero" que le pasó información a los delincuentes que perpetraron el robo sobre los dólares que el comerciante de 51 años tenía guardados en una caja de seguridad y que había cambiado recientemente para sus vacaciones que tenía previstas en Brasil.
"Sigue intentado simular ante todos que no es un coautor. "se camufla con el ropaje de víctima cuando en realidad la prueba abrumadoramente ha demostrado que él es un victimario", destacó durante sus alegatos de cierre el jefe de los fiscales Fernando Guzzo.
El fiscal se valió de medidas pruebas, entre ellas testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, para fundamentar que el empleado estuvo implicado en el robo "conforme a un plan que ya habían decidido".
Guzzo indicó que es cierto- como dijo la defensa - que el acusado fue reducido, que él no fue quien manipuló el arma, ni tuvo en su poder la caja de seguridad, ni se dio la fuga con el resto porque "todo esto era parte de un plan" y si hubiera hecho algo distinto se "delataba inmediatamente" .
"Esto no implica, como pretende la defensa, que no supiera a la perfección todo lo que iba a ocurrir, aceptando incluso que en el mismo ocurriera un homicidio ya que sabía también que los otros cuatro miembros de la banda llevaban armas de fuego cargadas por si pasaba algo", argumentó.
Añadió que probaron que varios de los miembros de la banda tenían relación con él acusado: "tanta mala suerte tendría Quarñolo para que justamente tres de ellos vayan a robar en el negocio en el que el trabaja y terminen matando a su patrón", esgrimió.
El fiscal resaltó al cierre de sus alegatos que el crimen no fue un hecho al azar y que le cabe la misma responsabilidad penal que el resto de los condenados por lo cual solicitó al jurado un veredicto de culpabilidad.
En tanto, la querella a cargo de la abogada Claudia Velez, hizo hincapié en su alegato en que sin la información fundamental que dio el empleado, el robo no se habría concretado.
"Esto fue parte de un plan que necesitó información interna y precisa para ser llevado a cabo", explicó la abogada, quien también mencionó el comportamiento del ex empleado tras el robo y la muerte de su jefe. "No apareció más", enfatizó Velez.
Fernando Peñaloza, defensor del acusado, retomó lo expresado en los alegatos de apertura y cuestionó a la fiscalía y la querella por "enunciar hechos y tejer una especulación" tomando "algún dato al cual han llamado prueba pero no se han detenido a analizarlo".
El defensor dijo que su representado no aceptó un juicio abreviado como los demás condenados porque él quería demostrar su inocencia durante este debate oral. Tras ello durante su extenso alegato hizo un desglose de los datos presentados por la fiscalía.
Entre ellas, mencionó "una pequeña muestra" sobre por qué la defensa sostiene que no fue una puesta en escena: "sí para los acusados las cámaras no funcionaban (como les habría dicho el empleado) que necesidad tenía Garro (uno de los miembros de la banda condenado) de empuñar el arma y ponérsela en la espalda a Quarniolo" durante el asalto.
Para finalizar el alegato la defensa reprodujo escuchas telefónicas incorporada como prueba. En esa conversación, la pareja de uno de los condenados, conocida como "Luli", los criticaba porque que "no han planeado nada" con respecto a la organización del robo mientras que en otra conversación con su madre afirmaba que los dateros del asalto fueron otras personas.
Salzmann fue ultimado durante un asalto ocurrido en su comercio, ubicado en calle Mitre casi Mathus Hoyos de Guaymallén, el 16 de febrero de 2023 pasadas las 15. Hasta ese lugar llegó una camioneta con cuatro sujetos a bordo, para asaltarlo.
Los sujetos armados ingresaron al lubricentro "Penta", ubicado Mitre al 2.100 de Guaymallén. Los delincuentes ingresaron bajo amenazas al local, y pasaron directamente a la vivienda de Salzmann tras amenazar a su hija y al empleado que está siendo juzgado, que se encuentra conectada con el negocio.
Salzmann habría intentado evitar el atraco ofreciendo resistencia. Ante esto, uno de los delincuentes lo golpeó con una barreta en la cabeza en tanto que otro le disparó con una pistola 9 milímetros. El disparo le dio en pecho y le causó la muerte de forma inmediata.
Los delincuentes huyeron en una camioneta que luego fue encontrada incendiada a pocos kilómetros del lugar del crimen.
Los cuatro hombres fueron identificados y condenados en instancia de juicio abreviado, recibiendo penas de entre 15 y 23 años de prisión en noviembre de 2025 tras un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. Se trata de Martín Carlos Falcón, Sebastián Palacios Jorge Romero y Brian Garro.