El Juzgado Federal N°1 de Mendoza imputó y comenzó a tomar declaración indagatoria a 17 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico militar, informaron en las últimas horas fuentes judiciales.

A la causa se suman los hechos padecidos por otras dos pequeñas durante la dictadura, en el marco de un operativo que ya fue examinado y calificado como crimen de lesa humanidad en un juicio previo celebrado en la jurisdicción.

La mayoría de los imputados fueron juzgados y/o condenados en procesos en los que fueron detenidos, asesinados o desaparecidos los padres y/o madres de las actuales víctimas. Se identificaron cinco patrones de criminalidad contra niños, niñas y adolescentes y la imputación es por siete delitos diferentes.

En el caso interviene el titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, el fiscal Dante Vega, junto con los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar, según informó el portal Fiscales.

Quienes son los acusados

Entre los acusados se encuentran los exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Carlos Plácido Escobar Zurita, Carlos Plácido Escobar Zurita, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Omar Pedro Venturino Amaker, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri.

También fueron imputados Hugo Luis Zalazar Campos, del Destacamento de Inteligencia N°144 del Ejército Argentino, y Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Nivaldo Carmona Barroso, pertenecientes a la IV Brigada Aérea. Gran parte de ellos fueron ya juzgados y/o condenados en otros juicios de lesa humanidad, en procesos en los que fueron detenidos, asesinados o desaparecidos los padres y/o madres de las actuales víctimas.

Además según se informó oficialmente del pedido presentado por el MPF en mayo de este año quedaron fuera de la acusación otras siete personas, entre ellos tres fallecidas, una por incapacidad sobreviviente y otras tres porque fueron absueltas en otro proceso por los hechos por los que resultaron asesinados o desaparecidos los padres de las víctimas de esta causa.

Santiago Tagua/ElEditor Mendoza

Hechos imputados

En su requerimiento, Vega, Rodríguez Infante y Quintar clasificaron los hechos denunciados en cinco categorías distintas:

• Delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes que permanecieron a disposición del aparato represivo luego de los operativos llevados a cabo contra sus progenitores: se refiere a casos en que fueron retenidos tras el secuestro de sus padres hasta ser entregados a familiares o institucionalizados, o de niños y niñas que fueron conducidos a CCD como el D-2 junto a sus madres.
• Delitos perpetrados durante los operativos: se vinculan con hechos padecidos por menores que estaban presentes durante los procedimientos contra sus padres y que sufrieron privaciones de libertad temporales, aislamiento, encierro o violencia directa.
• Niños y niñas abandonados a su suerte: durante los secuestros de sus padres o madres, algunos bebés o niños y niñas de corta edad fueron dejados en situaciones de desamparo, sin cuidado o protección, configurando el delito de abandono de persona.
• Acciones de violencia dirigida diferenciadamente contra NNyA: en algunos casos, fueron objeto de violencia directa, como agresiones físicas, amenazas con armas o interrogatorios, a menudo para presionar a sus padres.
• Delitos vinculados contra la identidad: incluyen la apropiación, sustracción, retención u ocultamiento de menores de 10 años, y la alteración de su estado civil, a menudo mediante falsedad ideológica.

Según el reporte de la fiscalía, entre las estructuras involucradas en este tipo de delitos se encontraba el D-2, departamento responsable de la inteligencia desplegada por la policía provincial, que albergó además el principal CCD de Mendoza. Su funcionamiento fue previo al golpe de Estado de 1976, una infraestructura de trece celdas, y personal entrenado para secuestrar, torturar y matar.

La segunda estructura señalada es el Destacamento de Inteligencia N°144, perteneciente al Ejército Argentino. Dependiente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, operaba en la Subzona 33 (Mendoza, San Luis y San Juan), y se especializaba en la recolección y producción de inteligencia, planificando y ejecutando operativos represivos.

Por último, la fiscalía incluyó también el rol de la IV Brigada Aérea, bajo el Comando de Agrupaciones Marco Interno, con control operacional en parte de los departamentos de Lavalle y Las Heras (Subárea 331).

Las calificaciones legales

De acuerdo al Código Penal vigente al momento de los hechos denunciados, los siete delitos por los que se solicita la imputación de los acusados incluyen hechos de privación abusiva de la libertad; imposición de tormentos agravados; abandono de persona; coacción y casos de sustitución de identidad.