-Una pareja está acusada de encubrimiento de contrabando de celulares y lavado de activos agravado
-La mercadería incautada fue valuada en más de $209 millones
Los autos de la pareja fue imputada por el contrabando de celulares, entre otros productos de electrónica, en conjunto con lavado de activos.
La fiscalía federal de Resistencia solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra Braian José Obregón (30) y Agostina Antonella Vargas Vispo (28), acusados de comercializar celulares y productos electrónicos ingresados ilegalmente desde Paraguay y de blanquear las ganancias a través de operaciones financieras, entre ellas transacciones con criptomonedas.
El requerimiento fue presentado por el fiscal del Área de Transición de la Unidad Fiscal Resistencia, Patricio Sabadini, quien les atribuyó los delitos de encubrimiento de contrabando y lavado de activos, ambos agravados por su habitualidad.
Según la acusación, Obregón habría comenzado ingresando pequeñas cantidades de teléfonos celulares desde Paraguay para revenderlos en la capital chaqueña, promocionándolos a través de redes sociales. Con el tiempo, instaló un local comercial donde ofrecía celulares, notebooks y accesorios sin oblea de importación, lo que evidenciaría su ingreso al país sin el correspondiente aval aduanero.
Los productos se comercializaban a valores inferiores a los del mercado formal y podían abonarse en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas, PayPal y también mediante criptoactivos.
Para la fiscalía, el dinero obtenido por esas ventas fue incorporado al circuito legal a través de distintas maniobras financieras, incluyendo la conversión de pesos a USDT, transferencias mediante redes TRC-20 y operaciones con plataformas de intercambio.
La investigación contó con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), que analizó la trazabilidad de las billeteras virtuales vinculadas a los imputados.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la pareja habría utilizado facturas presuntamente apócrifas para simular el origen lícito de la mercadería y reducir la carga tributaria. En el allanamiento al domicilio de la contadora vinculada a Obregón se detectaron comprobantes que habrían sido utilizados para justificar formalmente operaciones comerciales inexistentes.
Según la acusación, este esquema permitía dotar de apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito e introducirlos en la economía formal mediante la adquisición de bienes registrables y la realización de mejoras edilicias.
Durante la investigación se constató que los imputados poseían tres inmuebles —dos de ellos en obra o remodelación— y una serie de vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta RAM 1500 Laramie, un BMW modelo 2025, varias motocicletas y una embarcación.
También se verificó que anteriormente habían adquirido y vendido otros automóviles y motos, y que exhibían en redes sociales viajes al exterior y un elevado nivel de vida que, según la fiscalía, no guarda relación con los ingresos declarados ante los organismos fiscales.
De acuerdo con una estimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la mercadería secuestrada en los allanamientos realizados el año pasado fue valuada en 209.493.079,81 pesos.
En agosto de 2025, la jueza interviniente procesó a Obregón, con prisión preventiva, y a Vargas Vispo por los delitos imputados. Ahora, pese a que restan algunos peritajes pendientes, el fiscal consideró que la prueba reunida es suficiente para avanzar hacia el debate oral.
Será el tribunal el que deba resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y fija fecha para el juicio en el que se analizarán las maniobras atribuidas a la pareja chaqueña.