- La Justicia ordenó el congelamiento de criptoactivos por una causa sobre lavado vinculado al Comando Vermelho
- Las pruebas apuntan a Clayton Alves de Sousa
Bloquean criptoactivos de cuentas por presuntos vínculos con Comando Vermelho.
La Justicia de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos en el marco de una causa por lavado de activos que investiga presuntos vínculos con una banda narco de Brasil, identificada como el Comando Vermelho. La medida fue dispuesta tras una serie de pruebas que apuntan a Marcelo Clayton Alves de Sousa, un brasileño prófugo por diferentes causas penales.
La investigación es impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco.
Según fuentes judiciales, los imputados habrían realizado movimientos millonarios a través de plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras sin poder justificar el origen de los fondos, evidenciándose una marcada desproporción entre las sumas operadas y su perfil patrimonial.
La pesquisa identificó como presunto beneficiario final a Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño actualmente prófugo, quien estaría vinculado a investigaciones penales por lavado de activos provenientes del narcotráfico en Argentina y Brasil. De acuerdo a la hipótesis fiscal, habría canalizado activos ilícitos del Comando Vermelho mediante diversas terminales en el país.
Con apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), la fiscalía reconstruyó la trazabilidad de las cuentas investigadas a partir de información de proveedores de servicios de activos virtuales y análisis de la blockchain.
El informe confirmó la existencia de saldos congelados por 208.693 USDT en direcciones bajo investigación, los cuales quedaron incautados como depósito judicial por orden del juzgado y permanecerán inmovilizados hasta que avance el proceso penal.
Además, se solicitaron medidas cautelares sobre ocho participaciones sociales (siete en el extranjero) cuatro vehículos, alrededor de 50 productos bancarios y diez inmuebles situados fuera del país.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el caso se enmarca en los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), orientados al decomiso de ganancias y bienes de origen delictivo y al fortalecimiento de la persecución del lavado de activos.