-Una jueza del fuero Contencioso Administrativo dejó sin efecto la medida cautelar que paralizaba partes de la ley de Milei.
-Recobraron la vigencia los 81 artículos cuestionados por la CGT.
La reforma laboral de Milei está vigente en todos sus aspectos.
La justicia federal dictó una sentencia clave que consolida la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, rechazando los recursos de amparo que mantenían en suspenso artículos fundamentales de la normativa. Con este fallo, el Gobierno nacional logra un avance estratégico para la plena vigencia de su programa económico, despejando la incertidumbre jurídica que pesaba sobre las nuevas contrataciones.
En una resolución de alto impacto político y jurídico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, bajo la firma de la jueza Macarena Marra Giménez, decidió dejar sin efecto la medida cautelar que paralizaba gran parte de la reforma. Esta decisión implica que los 81 artículos de la Ley N° 27.802, que habían sido cuestionados por sectores sindicales, recuperan su validez inmediata en todo el territorio nacional.
El escenario judicial se presentaba complejo tras meses de idas y vueltas. Sin embargo, este nuevo pronunciamiento se suma a la reciente intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, conformando un bloque de sentencias que favorecen la postura del Poder Ejecutivo. La magistrada argumentó que no se visualizan razones suficientes para mantener la suspensión, especialmente considerando que la norma ya fue debatida y aprobada por el Congreso de la Nación.
La noticia fue recibida con satisfacción en el seno del Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la postura oficial desde la Casa Rosada. "Es una gran noticia para los trabajadores y para los que generan empleo", afirmó el funcionario, subrayando que la normativa finalmente podrá aplicarse tal como fue diseñada para dinamizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad laboral.
Desde el oficialismo consideran que este fallo es una validación institucional al camino de desregulación iniciado en marzo de 2026. La estrategia del equipo legal del Estado, liderada por la Procuración del Tesoro, se centró en trasladar la discusión del fuero laboral al contencioso administrativo, buscando una mirada menos corporativa sobre la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su rechazo absoluto a la medida. La central obrera, encabezada por dirigentes como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, sostiene que la reforma vulnera derechos constitucionales básicos, como la protección contra el despido arbitrario y la libertad sindical. El conflicto se originó cuando la CGT presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad el pasado mes de abril.
Los abogados de la central sindical recordaron que el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, había dado lugar inicialmente a sus reclamos. No obstante, aquel primer freno judicial parece haber quedado debilitado frente a la nueva tendencia de los tribunales superiores y federales. La CGT ya analiza presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir esta situación.
El máximo tribunal de justicia también ha tenido una participación indirecta pero decisiva en las últimas horas. Recientemente, la Corte Suprema rechazó un pedido de per saltum presentado por el Gobierno, argumentando que no se habían agotado las instancias inferiores. Si bien esto fue interpretado inicialmente como un revés para el Ejecutivo, los fallos posteriores en juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones han terminado por dar la razón a la vigencia de la norma.
El fondo de la cuestión aún no ha sido resuelto de manera definitiva, pero la "plena vigencia" declarada por la jueza Marra Giménez permite que las empresas comiencen a aplicar el nuevo régimen de indemnizaciones y las modalidades de contratación flexibles. La incertidumbre de las cámaras empresariales parece ceder ante la contundencia de los hechos consumados en el ámbito judicial.
La Ley de Modernización Laboral busca transformar las relaciones de producción en la Argentina. Entre sus puntos más polémicos se encuentran la extensión del período de prueba y la creación de fondos de cese laboral similares al sistema de la construcción. Para el Gobierno, estas herramientas son indispensables para combatir la informalidad; para los gremios, representan un retroceso en las conquistas sociales del último siglo.
Con este nuevo fallo, el mapa del poder se reconfigura. Mientras la economía espera señales de reactivación, la batalla legal por la reforma laboral entra en una etapa de definiciones. El sistema político observa con atención si este precedente judicial logra pacificar la relación entre el capital y el trabajo o si, por el contrario, profundiza la conflictividad social en los meses venideros.