Desbarataron un búnker de drogas en el barrio San Martín y aplicarán la Ley Antiaguantaderos

La Policía de Mendoza desbarató un “búnker” de drogas en el barrio San Martín y secuestró más de 260 envoltorios con cocaína preparados para su venta. Durante las inspecciones también encontraron marihuana, cogollos, elementos para el fraccionamiento de estupefacientes, municiones, dólares y dinero en efectivo.

En uno de los domicilios allanados también hallaron réplicas de armas de fuego.

Los efectivos secuestraron además bolsas y distintos elementos que, según la investigación, estaban destinados a preparar y fraccionar las sustancias para su comercialización.

Entre los elementos encontrados había cartuchos de distintos calibres, dólares y una suma de dinero en efectivo cuya cantidad no fue especificada.

Una vez finalizadas las tareas, se dispuso una consigna policial fija en el lugar.

El operativo fue supervisado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto con la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, el juez Diego Flamant y los jefes policiales José Vega, de la Dirección General de Investigaciones, y Marcelo Calipo, de la Policía de Mendoza.

Aplicarán la Ley Antiaguantaderos

Luego del procedimiento, el Ministerio de Seguridad y Justicia anunció que iniciará las actuaciones para intervenir administrativamente el inmueble bajo la denominada Ley Antiaguantaderos.

El objetivo es que la propiedad deje de ser utilizada para sostener actividades delictivas y evitar que vuelva a funcionar como un punto de venta de drogas.

La ministra Mercedes Rus se refirió al procedimiento y confirmó la decisión de intervenir el lugar: “Desbaratamos un búnker y lo vamos a intervenir. Donde encontramos lugares utilizados para sostener el delito, actuamos y avanzamos con todas las herramientas que nos da la ley”.

La aplicación de esta norma sobre el inmueble del barrio San Martín representa uno de sus primeros casos desde su sanción definitiva.

La Ley Antiaguantaderos fue aprobada por la Legislatura de Mendoza el 9 de septiembre de 2026 y habilita al Estado provincial a intervenir propiedades utilizadas para actividades delictivas. La normativa busca avanzar sobre esos lugares y evitar que continúen siendo utilizados para sostener el delito.