Qué cambia con la Ley Antiaguantaderos en Mendoza

La Ley Antiaguantaderos ya es una realidad en Mendoza. El Senado provincial le dio sanción definitiva al proyecto que crea un régimen para intervenir de manera preventiva sobre inmuebles abandonados, deteriorados, usurpados o utilizados para actividades vinculadas al crimen.

La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y ahora fue aprobada por el Senado. La votación fue de amplia mayoría y el texto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Con la nueva ley se crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles, que busca darle respaldo legal a un protocolo que el Ministerio de Seguridad y Justicia ya utilizaba desde octubre de 2025. La diferencia central es que ese mecanismo ahora tendrá rango de ley provincial.

La herramienta apunta a propiedades que puedan ser utilizadas para el acopio, fraccionamiento o comercialización de drogas, la planificación o ejecución de delitos, o que por su abandono y deterioro representen un riesgo para terceros.

En esos casos, el Estado podrá intervenir antes de que el inmueble vuelva a convertirse en un foco de crimen o inseguridad. El objetivo declarado por la Provincia es recuperar esos espacios y reducir los riesgos para quienes viven en los alrededores.

La norma también incorpora a los municipios, que podrán adherir mediante convenios de cooperación para intervenir con mayor rapidez ante situaciones que afecten la seguridad y la convivencia vecinal.

Qué podrá hacer el Estado con un inmueble

La nueva legislación establece distintas herramientas según las características de cada propiedad. Una de ellas es el tapiado o cerramiento de los accesos, para impedir que el lugar siga siendo utilizado.

También se podrá disponer la clausura parcial o total del inmueble. En determinadas circunstancias, además, se podrá avanzar con una demolición controlada, ya sea de una parte de la construcción o de su totalidad.

La demolición no será automática. La ley establece que deberá tratarse de una medida necesaria desde el punto de vista de la seguridad y que las intervenciones deberán estar sustentadas por informes y fundamentos técnicos y policiales.

El procedimiento podrá comenzar por iniciativa del Estado, pero también a partir de un pedido de vecinos, municipios, organismos públicos o privados o por requerimiento judicial.

Los propietarios deberán ser notificados y tendrán la posibilidad de presentar una oposición y solicitar la revisión de las medidas adoptadas. La norma establece que las intervenciones tienen carácter preventivo, provisional, temporal y proporcional, y que no constituyen una sanción contra el dueño de la propiedad.

La ley contempla además un mecanismo especial para situaciones de riesgo grave e inminente, en las que las autoridades podrán actuar de manera inmediata.

Hay un límite central: la Provincia no podrá utilizar este procedimiento para realizar desalojos administrativos. Cuando una propiedad esté ocupada de manera permanente, el caso deberá ser puesto en conocimiento de la Justicia para que determine cómo continuar.

Cómo podrán intervenir los municipios

La participación de los municipios es uno de los puntos centrales de la nueva norma. Los gobiernos locales podrán adherir al régimen y coordinar acciones con la Provincia para intervenir sobre propiedades que representen un riesgo para los vecinos.

El procedimiento podrá comenzar incluso a partir de una denuncia o presentación vecinal. Esto permite que un inmueble que durante mucho tiempo haya sido señalado en un barrio por su vínculo con el crimen o por sus condiciones de abandono pueda ingresar al circuito administrativo de evaluación.

Antes de avanzar, deberán reunirse elementos que permitan justificar la intervención. La ley contempla informes técnicos y policiales, actas, notificaciones y la posibilidad de que el propietario cuestione la medida.

Esto marca una diferencia respecto de una demolición decidida únicamente por una autoridad administrativa: la propia norma establece límites cuando la intervención puede afectar derechos que requieren una resolución judicial.

El régimen también prevé la articulación con organismos públicos y privados y con el Ministerio Público Fiscal, especialmente en los casos que tengan una relación directa con investigaciones por delitos.

Qué impacto puede tener en los barrios

Para los vecinos, el cambio más concreto puede aparecer en aquellas zonas donde existen propiedades abandonadas que terminan siendo utilizadas como refugio, escondite, punto de venta de drogas o espacio para la planificación de hechos delictivos.

La lógica de la nueva ley es actuar sobre el inmueble antes de que continúe funcionando como un lugar asociado al crimen. En ese sentido, el Estado podrá cerrar accesos, clausurar sectores o disponer demoliciones cuando las condiciones de seguridad así lo exijan.

El Gobierno sostiene que recuperar esos espacios puede contribuir a mejorar la seguridad y la convivencia en los barrios. El mecanismo, además, busca reducir los tiempos de respuesta frente a propiedades que ya fueron identificadas como un problema.

La Legislatura sancionó así una herramienta que amplía la capacidad administrativa del Estado para actuar sobre inmuebles relacionados con el crimen, pero que al mismo tiempo fija procedimientos y restricciones para evitar que esas facultades se conviertan en desalojos o intervenciones sin control.