- La banda operaba desde una cárcel de Buenos Aires
- Captaba víctimas por apps de citas
- Exigía pagos con amenazas de causas penales falsas
Tomás Francavilla, de 22 años, es señalado como el líder de la organización criminal que operaba desde la cárcel bonaerense.
La muerte de Rodrigo Andrés Gómez, soldado voluntario de 21 años destinado a la custodia de la Quinta de Olivos, expuso una trama criminal que operaba desde una cárcel. La causa reconstruyó una secuencia de extorsiones que habrían llevado a Gómez a una situación de asfixia psicológica y económica.
El joven fue hallado sin vida el 16 de diciembre en su puesto de guardia, con un disparo en la cabeza. En un primer momento, la hipótesis giró en torno a un suicidio vinculado a problemas personales, pero la investigación judicial reveló un escenario muy distinto. Junto a su cuerpo se encontró una nota en la que hacía referencia a "policías corruptos", un dato que encendió las primeras alertas.
El análisis del teléfono celular de la víctima fue clave. Allí surgieron intercambios que permitieron identificar una maniobra basada en perfiles falsos en aplicaciones de citas y mensajes intimidatorios por WhatsApp. Según la investigación, Gómez fue contactado por una supuesta joven y, poco después, recibió llamadas y audios de personas que se hacían pasar por autoridades policiales y familiares, acusándolo de un delito inexistente.
Detrás de esa operatoria, la Justicia ubicó a una organización criminal con base en una unidad penitenciaria bonaerense. El presunto líder fue identificado como Tomás Francavilla, de 22 años, condenado por robo a mano armada, quien dirigía las estafas desde su celda. Desde allí impartía instrucciones y coordinaba cada paso del engaño.
El mecanismo incluía amenazas de denuncias penales y la exigencia de pagos inmediatos para "evitar el escándalo". En menos de un día, Gómez transfirió alrededor de 1,4 millones de pesos a distintas billeteras virtuales. Esas cuentas estaban controladas por personas del entorno de los detenidos.
Fuera de la cárcel, la recaudación quedaba en manos de las parejas de los presos. Entre ellas, Iara Cosentino, vinculada sentimentalmente a Francavilla, y Karen Cufré, pareja de Mauricio Duarte Areco, señalado como el segundo al mando de la banda. Ambas fueron detenidas y están acusadas de administrar las cuentas donde se concentraba el dinero extorsionado.
Los investigadores también determinaron que la estructura tenía un doble liderazgo dentro del penal y que no se trató de un hecho aislado. El análisis de los movimientos financieros permitió detectar otras víctimas con un patrón idéntico de hostigamiento y exigencias económicas.
Los allanamientos realizados en domicilios del conurbano y en los penales de Magdalena y Olmos derivaron en siete detenciones. Para los investigadores, la presión ejercida sobre Gómez fue constante y deliberada, hasta colocarlo en una situación sin salida.
La causa avanza ahora para determinar responsabilidades penales y establecer el alcance total de una red que, desde la cárcel, utilizó la extorsión digital como método sistemático de delito.