- Informes oficiales advierten sobre el aumento de estafas y extorsiones digitales
- Perfiles falsos y amenazas económicas son el núcleo del esquema
En Argentina se expande un mecanismo delictivo que convierte perfiles falsos en herramientas de manipulación y amenaza, con pedidos de dinero bajo intimidación como desenlace frecuente. Informes oficiales registran un aumento de estafas y extorsiones digitales y advierten que el engaño inicial y la presión financiera conforman el núcleo de estas maniobras.
Todo suele comenzar con un intercambio aparentemente inofensivo en una red social que escala con rapidez. Detrás del perfil hay alguien que construye cercanía, instala confianza y lleva la conversación hacia un terreno íntimo. Cuando ya obtuvo imágenes o datos sensibles, aparece la presión.
La amenaza puede llegar desde otra cuenta que simula ser un familiar, un abogado o incluso una autoridad dispuesta a denunciar. El interés nunca fue el vínculo, sino el dinero, y la intimidación es el engranaje que sostiene la maniobra.
El término catfishing se popularizó a partir del documental Catfish, estrenado en 2010 en Estados Unidos, que relató la historia de un hombre que sostuvo durante meses una relación virtual con una mujer cuya identidad era ficticia. El impacto fue tal que poco después el canal MTV lanzó el programa televisivo Catfish: The TV Show, dedicado a exponer casos similares y a confrontar a quienes ocultaban su verdadera identidad detrás de perfiles falsos. Desde entonces, el concepto trascendió el ámbito cultural y pasó a describir una práctica extendida en entornos digitales.
Con el crecimiento de las redes sociales, el catfishing dejó de asociarse únicamente a engaños románticos y comenzó a integrarse en esquemas de fraude. En Argentina no está tipificado como delito autónomo en el Código Penal, por lo que la sola creación de un perfil falso en redes sociales o aplicaciones no constituye, por sí misma, una conducta penalmente sancionable. Para que exista reproche jurídico, ese engaño debe estar vinculado a una acción que sí se encuentre prevista por la ley. Así, cuando la identidad ficticia se utiliza para cometer estafa, extorsión, amenazas o suplantación de identidad con finalidad delictiva, entran en juego figuras penales específicas ya contempladas en la normativa vigente.
En comunicación con ElEditor, el Dr. Juan Roccuzzo, abogado especialista en ciberdelitos, explicó que el catfishing como tal no tiene una pena específica, Sin embargo, aclaró que la situación cambia cuando esa identidad falsa se utiliza con otro fin:
En tal caso, el abogado sostuvo que, con la evidencia necesaria, la conducta principal podría encuadrarse como una estafa y señaló que en determinadas circunstancias pueden presentarse figuras de carácter extorsivo. En ese sentido, precisó que la coacción ocurre cuando una persona es forzada a realizar o a abstenerse de hacer algo mediante una amenaza.
Asimismo, indicó que en algunas maniobras no solo se recurre a perfiles falsos, sino también a la utilización de instrumentos públicos adulterados con nombres de funcionarios verdaderos. Finalmente, advirtió que la ley contempla un agravante cuando la persona afectada es menor de edad.
Cuando un perfil falso se utiliza para engañar a la víctima con fines económicos la conducta puede encuadrarse como estafa (arts. 172 y 173 del Código Penal) o como defraudación informática. Se trata de una modalidad que se repite con frecuencia en el crecimiento sostenido de las estafas online.
La situación cambia de gravedad cuando aparece una amenaza concreta. Si el autor amenaza con divulgar material íntimo o formular acusaciones graves para exigir dinero, puede configurarse el delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal. Dentro de estas maniobras puede aparecer también la figura del "falso/a menor de edad", utilizada como herramienta extorsiva.
En este contexto, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) reportó nuevos casos de este tipo, donde las víctimas reciben solicitudes de amistad de cuentas sospechosas, mantienen encuentros virtuales y luego son coaccionadas bajo amenaza para realizar transferencias, incluso hacia cuentas radicadas en el extranjero.
El Dr. Juan Roccuzzo explicó sobre la dinámica de presión en estos casos:
Además señaló que en repetidas ocasiones, cuando la víctima elimina mensajes o contenido por miedo o vergüenza, los responsables se aprovechan de esa falta de pruebas para continuar con la extorsión. Por eso, destacó que es fundamental no borrar, bloquear ni reportar inmediatamente, sino conservar la información y acudir a la denuncia formal. Además, insistió en la relevancia de contar con asesoramiento profesional para manejar correctamente el caso y garantizar que se preserve la evidencia.
En caso de ser víctima de estafas, extorsión o amenazas digitales, es fundamental actuar rápidamente y realizar la denuncia formal siguiendo la guía de la UFECI.
Uno de los episodios que expuso con mayor crudeza la dimensión humana de esta problemática fue el de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años que se suicidó el 16 de diciembre de 2025 mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos. La investigación judicial determinó que Gómez fue víctima de una red de extorsionadores que operaba desde cárceles bonaerenses mediante perfiles falsos creados en una aplicación de citas llamada Evermatch.
Según reconstruyó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el plan criminal comenzó con un contacto en la app con un perfil femenino ficticio. Tras intercambios de mensajes y audios, la organización activó lo que los investigadores denominaron el "audio del terror", un mensaje en el que una voz femenina acusaba al soldado de haber tenido contacto con una menor de edad y amenazaba con iniciar una denuncia penal.
Familiares y autoridades destacaron que la carta de despedida del joven fue clave para reconstruir el móvil de la extorsión y que, en ella, Gómez describió el impacto emocional y económico que había sufrido. Este caso no solo conmocionó a la sociedad, sino que también impulsó una investigación que derivó en la detención de al menos siete personas vinculadas a la organización criminal.
Investigaciones como estas combinan análisis técnico y evidencia digital, recolectando chats, capturas y mensajes que prueban el contacto entre la víctima y el perfil falso. A esto se suma el examen de metadatos de dispositivos y comunicaciones para rastrear cuentas y números.
El Dr. Juan Roccuzzo explica que "en cuentas de Instagram, al registrarse se cargan ciertos datos que permiten iniciar la investigación, permitiendo rastrear desde qué IP se creó la cuenta y dónde está radicada. Sin embargo, identificar una IP no significa que el titular de la línea sea quien realiza el acoso". Y agrega:
A fin de prevenir situaciones de amenaza o chantaje online, se aconseja:
Estas acciones no solo ayudan a protegerse, sino que también facilitan la investigación y posible imputación de los responsables. En caso de ser víctima, los canales de denuncia son: ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación a través de su portal de denuncias online, en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), o como también iniciar la denuncia ante la fiscalía correspondiente a tu domicilio.