ATE presentó una denuncia por prácticas desleales y pidió la nulidad del nuevo régimen salarial firmado por el Ejecutivo con ATSA.
ATE Mendoza denunció ante la Fiscalía de Estado al Gobierno provincial por el acuerdo firmado con ATSA, que según el gremio elimina derechos laborales y modifica el convenio vigente del sector salud.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza formalizó este martes una denuncia ante la Fiscalía de Estado contra el Gobierno provincial y autoridades del Ministerio de Salud, por considerar que el reciente acuerdo firmado con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) constituye una “reforma laboral encubierta” que vulnera derechos adquiridos de los empleados del sector.
Según informó el gremio, la presentación también se realizó ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, y apunta a la nulidad del nuevo régimen salarial del Régimen 15, al que califican como “un convenio en baja” que elimina adicionales remunerativos, categorías y jefaturas dentro del sistema sanitario provincial.
En su escrito, ATE sostiene que el acuerdo entre ATSA y los ministerios de Salud y de Gobierno “incurre en prácticas desleales” y vulnera la ley 9068, que regula el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente para los regímenes 15 y 27.
El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, explicó que la denuncia alcanza a las funcionarias Sandra Gómez (Ministerio de Salud) y Daniela Montani (Ministerio de Gobierno), así como al subsecretario de Trabajo, Rodrigo Herrera, quien habría actuado como conciliador. También se menciona a las autoridades de ATSA, Patricia Irrutia y Manuel Orellana, por la firma del acuerdo.
“Solicitamos que se investigue y se haga justicia, porque se firmó un régimen especial sin participación del sindicato mayoritario del sector. Esto vulnera derechos adquiridos y representa una reforma laboral en perjuicio de más de 13.000 trabajadores de la salud”, declaró Macho.
El sindicato afirma que el nuevo esquema elimina adicionales específicos como el mayor horario, el riesgo psicofísico y el estado sanitario, todos considerados bonificables y remunerativos. Esto implicaría, según ATE, una reducción salarial significativa y la pérdida del grado de carrera alcanzado por los empleados.
Además, advierten que la eliminación de jefaturas y supervisiones impacta en la estructura jerárquica del sistema sanitario, y que la reclasificación de enfermeros y técnicos “como personal asistencial” desconoce su formación profesional.
“El acuerdo carece de validez porque no se cumplieron los procedimientos administrativos previstos. Es un acto nulo y contrario a la Constitución y las normativas laborales”, sostuvo el dirigente.