La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Mendoza) resolvió este miércoles intensificar las medidas de fuerza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y en reclamo de la reapertura urgente de paritarias. La decisión se tomó en una concurrida Asamblea General de Delegados y Congresales, con representantes de seccionales de toda la provincia.
Embed - La Asamblea General resolvió nuevas medidas de fuerza contra la reforma laboral
Según lo definido, el lunes 29 de septiembre habrá asambleas y movilización en los lugares de trabajo, mientras que el martes 30 se realizará una huelga general con paro total de actividades y una concentración frente a la Legislatura provincial desde las 8 de la mañana.
Reclamos salariales y rechazo a la reforma laboral
La secretaria adjunta de ATE y CTA Autónoma, Adriana Iranzo, advirtió que “los salarios han quedado desactualizados” y ejemplificó que un trabajador con 40 horas semanales y un sueldo de $700.000 no logra cubrir el costo real de vida debido a los constantes aumentos de alimentos, combustibles y servicios.
Iranzo también denunció que la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo es “inconstitucional e ilegal, regresiva en derechos conquistados durante más de 70 años” y que busca “dar paso a la privatización de la salud pública”.
En la misma línea, el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, afirmó que la reforma pretende modificar el Estatuto del Empleado Público (Decreto Ley 560) en perjuicio de los trabajadores. “No podemos permitir que el Gobernador actúe como un gobierno de facto, vulnerando legislación vigente y tratados internacionales”, sostuvo.
Movilización a la Legislatura
El gremio exigió que el proyecto con media sanción en Diputados no avance en el Senado y que se retome la negociación salarial en el ámbito natural de las paritarias. “El martes 30 haremos sentir nuestra voz en la Legislatura para que esta reforma se archive definitivamente”, confirmó Macho.
Desde ATE advirtieron que las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno provincial y nacional “acentúan la precarización laboral, debilitan a las pymes y deterioran la salud pública”.