En los últimos diez años, Mendoza ha escrito en sus cuentas públicas una historia de ajuste de sueldos. Mientras la inflación nacional supera el 39% interanual, los empleados del estado provincial ven cómo sus salarios pierden terreno frente a otros rubros del presupuesto. Detrás de esta realidad se esconde una ecuación financiera compleja: la necesidad de destinar cada vez más recursos al pago de una deuda de 590 millones de dólares contraída en 2016, que hoy condiciona todas las decisiones de gasto.
Los números oficiales de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria son elocuentes. En 2015, el gasto en personal representaba el 62.3% de los ingresos totales de la provincia. Una década después, esa participación se ha reducido al 42.9%, según los últimos datos oficiales correspondientes al segundo trimestre de 2025. Esta caída de casi veinte puntos porcentuales no se explica por una disminución nominal del gasto -que de hecho creció 72% interanual-, sino por su pérdida de peso relativo frente a otros compromisos ineludibles.
datos hacienda
Datos oficiales de Ejecución presupuestaria por rubros, según Hacienda. Datos compilados por Dante Moreno.
El peso de la deuda
El origen de esta situación se remonta a 2016, cuando la administración de Alfredo Cornejo emitió bonos por 590 millones de dólares. Aquella decisión, destinada a financiar infraestructura y refinanciar pasivos, se transformó con los años en una pesada carga. En 2023, el gobierno de Rodolfo Suarez debió reestructurar el bono PMY24 -que había entrado en default técnico- y lo reconvirtió en el PMM29, con pagos semestrales que se extienden hasta 2029.
Este año, Mendoza ya desembolsó 53.878 millones de pesos (equivalentes a unos 45 millones de dólares al tipo de cambio oficial) para amortizar una cuota en marzo, operación que generó un déficit operativo de 51.571 millones de pesos en el trimestre. El calendario financiero marca otro vencimiento igual para septiembre, lo que mantiene bajo presión las cuentas públicas.
Frente a este escenario, la provincia ha implementado lo que los especialistas llaman un "ajuste por inflación": mientras los precios suben a tasas del 39% anual, los aumentos salariales para empleados públicos han quedado por debajo de ese nivel, generando una pérdida de poder adquisitivo. Además, se ha optado por no reponer gran parte de las vacantes que dejan jubilaciones y retiros voluntarios, reduciendo así la planta permanente.
El impacto de estas medidas se refleja en las estadísticas. Aunque el gasto nominal en personal creció significativamente -alcanzando los 871.439 millones de pesos en el primer semestre de 2025-, su participación en el presupuesto total cayó a niveles históricos. Mientras en 2015 más del 60% de los ingresos provinciales se destinaban a salarios, hoy ese porcentaje ronda el 43%. El impacto de estas medidas se refleja en las estadísticas. Aunque el gasto nominal en personal creció significativamente -alcanzando los 871.439 millones de pesos en el primer semestre de 2025-, su participación en el presupuesto total cayó a niveles históricos. Mientras en 2015 más del 60% de los ingresos provinciales se destinaban a salarios, hoy ese porcentaje ronda el 43%.
Este reordenamiento de prioridades ha tenido consecuencias en otras áreas. La obra pública, por ejemplo, muestra un bajo nivel de ejecución: apenas el 30.4% de lo presupuestado para todo el año se había materializado a junio. Las regalías petroleras, otra fuente tradicional de ingresos, cayeron 5.43% respecto al trimestre anterior debido al retiro de equipamiento de yacimientos locales.
Durante los primeros cinco meses de 2025, Mendoza experimentó una transformación en la matriz de sus ingresos hidrocarburíferos: el gas natural ganó protagonismo en las regalías, mientras que el sector petrolero continúa su caída, con YPF como actor central en ese retroceso Aunque el repunte gasífero contribuyó al crecimiento global, no logró compensar por completo la merma petrolera.
Paradójicamente, los ingresos totales de la provincia registraron un crecimiento del 56.6% interanual, impulsados principalmente por transferencias nacionales que aumentaron 61.8%. Sin embargo, este incremento no alcanza para cubrir todos los frentes: las erogaciones corrientes crecieron aún más rápido (72%), generando un desbalance estructural.
ingresos tributarios
Fuente: informe Dante Moreno sobre ejecución presupuestaria segundo trimestre.
El resultado operativo acumulado al segundo trimestre mostró un superávit de 102.712 millones de pesos, pero esa cifra positiva se reduce a apenas 41.089 millones después de contabilizar los pagos de deuda. Esta diferencia ilustra el margen estrecho con el que opera la administración provincial: cada peso destinado a amortizar obligaciones financieras es un peso menos para inversión social o infraestructura.
Ante este escenario, el gobierno mendocino por un lado, avanzó con la concesión de obras viales al sector privado para aliviar la presión sobre el fisco. Por otro, mantiene negociaciones constantes con acreedores para manejar los vencimientos de deuda. Sin embargo, estas medidas paliativas no resuelven el problema de fondo: una estructura financiera que depende cada vez más de transferencias nacionales mientras intenta cumplir con compromisos.
El próximo test llegará en septiembre, cuando la provincia deba afrontar otro pago de 45 millones de dólares correspondiente al bono PMM29. Mientras tanto, los empleados públicos mendocinos siguen siendo, sin elegirlo, los garantes involuntarios de la estabilidad fiscal. Su participación decreciente en el presupuesto provincial es la contracara de una deuda que, ocho años después de su emisión, sigue marcando el ritmo de las finanzas mendocinas.
Datos clave:
- Deuda 2016: USD 590 millones (título PMM29).
- Gasto en personal 2025: 42.9% de ingresos (vs. 62.3% en 2015).
- Próximo pago: Septiembre 2025 (USD 45 millones).
