-La DIA de la explotación no metalífera tiene despejado el camino en la Legislatura.
-Se debatió en las Comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y LAC del Senado.
El Senado de Mendoza inició el debate de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración de litio "Don Luis y Otro", localizado en San Rafael y Malargüe, promete diversificar la matriz productiva provincial bajo estrictos controles técnicos y el cumplimiento de la Ley 7722. Asistió la ministra de Energía, Jimena Latorre.
La Cámara de Senadores conformó una reunión conjunta de las Comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y LAC para analizar el expediente. El encuentro contó con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre, y funcionarios técnicos. La presencia de las máximas autoridades subraya la relevancia estratégica que el gobierno de Mendoza otorga a esta iniciativa minera.
Hebe Casado enfatizó la trascendencia del procedimiento legislativo, asegurando que se actúa con absoluta transparencia y rigor institucional. La mandataria afirmó que la provincia enfrenta una oportunidad histórica para impulsar una minería responsable, capaz de coexistir armónicamente con el entorno natural y de traccionar el desarrollo económico que demandan San Rafael y Malargüe. Este avance, sostuvo, representa el sendero adecuado para ampliar las fronteras productivas garantizando seguridad jurídica.
Las comisiones legislativas, encabezadas por la senadora Yamel Ases junto a Whalter Marcolini y Jésica Laferte, recibieron los informes técnicos exhaustivos. Ases destacó el expediente 82960, subrayando la importancia de examinar cada detalle de la resolución conjunta que avala esta exploración en el sur provincial.
La ministra Jimena Latorre focalizó su intervención en el rigor del expediente. Explicó que el proyecto de litio demandó una ampliación territorial que obligó a someter la propuesta a nuevas evaluaciones exhaustivas. El recorrido administrativo, según detalló la funcionaria, englobó dictámenes de múltiples organismos sectoriales, inspecciones in situ al yacimiento y una fuerte impronta de participación ciudadana mediante asambleas públicas.
El andamiaje jurídico fue defendido por el director de Minería, Jerónimo Shantal, quien garantizó la observancia irrestricta del artículo tres de la normativa provincial, el Acuerdo de Escazú y el Decreto 820/06. El proyecto emerge como un joint venture entre la firma local El Jarillal y la compañía Ampere Lithium. Esta alianza comercial, que nuclea veinticinco propiedades mineras, posee sus habilitaciones operativas vigentes en la tradicional extracción de sales, lo cual facilita el control regulatorio estatal sobre sus futuras maniobras prospectivas.
El escrutinio administrativo abarca una extensión que supera las 234.000 hectáreas. Leonardo Fernández, titular de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, expuso que el dictamen ingresó al recinto parlamentario fortalecido por estudios de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Adicionalmente, cuenta con el aval técnico de dependencias claves como el Departamento General de Irrigación, la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La transparencia comunitaria se garantizó mediante dos audiencias públicas celebradas en San Rafael durante el año 2024 y en Malargüe a principios de 2025. En estas convocatorias, más de un centenar de ciudadanos expusieron sus posturas. Las inquietudes recabadas, tanto orales como escritas, recibieron respuestas fundamentadas por parte de los especialistas del Estado, consolidando un esquema de consulta democrática e integral.
La ratificación legislativa constituye el paso definitivo para operativizar la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Minera. No obstante, la aprobación impone exigencias categóricas e innegociables a los desarrolladores del emprendimiento. Entre las obligaciones primordiales figura la actualización constante de la línea de base ambiental y la ejecución ininterrumpida de planes de monitoreo sobre los recursos hídricos, la calidad del aire, la composición del suelo y la integridad de la flora y fauna autóctona.
El esquema fiscalizador diseñado por el gobierno provincial contempla también la formulación de una línea de base social indígena para prevenir alteraciones culturales. Además, establece un estricto régimen de auditorías periódicas, inspecciones sorpresivas y un severo catálogo de sanciones ante posibles desviaciones operativas. Este marco preventivo exige la renovación ambiental del proyecto minero cada dos años, blindando la sustentabilidad del territorio mendocino frente a cualquier contingencia operativa futura.