Una denuncia de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, mantiene preso a Cornejo, quien no tiene antecedentes, informaron sus abogados a ElEditor Mendoza.
No hay testigos de tal amenaza y la detención de Cornejo se produjo en medio de una intensa puja del Gobierno y los empresarios dueños del Proyecto San Jorge por imponer finalmente, tras más de 15 años, la instalación de la mina en esa villa cordillerana.
La denuncia contra Mauricio Cornejo realizada por Vera derivó en una imputación por "amenazas coactivas agravadas". Después de denunciar a Cornejo, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros implico a otro vecino y asambleísta, Federico Soria, en la misma denuncia. No presentó testigos de las supuestas amenazas.
Mientras Cornejo sigue detenido en el Polo Judicial, el oficialismo arreció la persecución contra vecinos apoyándose en el engranaje judicial, con los ficales que responden a Alejandro Gullé. Hubo allanamientos en las casas de otros asambleístas y pidieron la detención de Federico Soria, otro de los miembro activos de la asamblea vecinal.
Las imputaciones contra los asambleístas
Cornejo fue imputado "por pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica", que según confió Guevara -defensor de Cornejo hasta este jueves- sería la Asamblea de Uspallata, y por el delito de "amenazas coactivas agravadas, por compeler a la víctima a hacer abandono de su lugar de residencia habitual y de trabajo, todo en concurso real, previsto y penado por los artículos 213 bis y artículo 149 ter punto 2, letra b del Código Penal".
El fiscal Juan Manuel Sánchez ordenó las detenciones no sólo de Cornejo sino también de Soria, tras lo cual Guevara pidió un control jurisdiccional" y recurrió la medida. Cornejo transita, además, un posoperatorio por un accidente en moto que protagonizó días atrás.
"La causa es muy inconsistente desde el punto de vista probatorio. Es la palabra de vera contra la de ellos", se explayó el abogado.