Con abrumadora mayoría, Diputados sancionó la ley que permite el avance de las mineras en ambientes antes protegidos por ley. Siete mendocinos apoyaron.
El debate en Diputados se extendió hasta la madrugada.
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace en Diputados, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
Los mendocinos votaron siete a favor (los libertarios Luis Petri, Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral) más los dos cornejistas (Pamela Verasay y Lisandro Nieri) y tres en contra, los peronistas Martín Aveiro y Emir Félix, y la exlibertaria Lourdes Arrieta.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.
En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.
“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.
El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.
“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.
“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y "a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.
El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.
“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.
En tanto, Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato".
"Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.
El diputado Néstor Pitrola aseguró que desde el Frente de Izquierda van a "defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
Por el MID, Eduardo Falcone anticipó su voto a favor en general de la ley por sus convicciones en pos de "la inversión productiva en todo el país, especialmente en el Interior".
No obstante, advirtió que “la ley tiene un error importante” y es que "habilita la posibilidad de desinventariar glaciares, y eso no corresponde porque todos los glaciares cumplen una función hídrica”.
"Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico haya ido a verla en el terreno", indicó.
"Hoy no se puede realizar ninguna actividad productiva o comercial en esa zona. Y si no tuviera una función hídrica no tiene sentido que no se pueda invertir allí y crear empleo", razonó.
Señaló que “en esos casos, me parece razonable que las provincias puedan intervenir y evaluar" ya que son "decisiones sobre su propio territorio”.
A su tiempo, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto recordó que él había votado a favor de la ley de Glaciares que está vigente en el año 2010, y que su idea era sostener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria.
“¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.
“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.
El veterano legislador, integrante del interbloque Unidos, afirmó que “el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz”.
“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión”, señaló.
Darío Schneider (UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.
Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.
Al hacerse cargo de uno de los discursos de cierre de Unión por la Patria, Máximo Kirchner aclaró que “nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso”.
“¿Teniendo extensos territorios en nuestro pais por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?”, se preguntó el líder de La Cámpora.
“Chile exporta 10 veces más que Argentina en el total y tiene un tercio de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo que eso les haya servido ni a la micro ni a la macro, porque ha tenido 9 puntos de déficit fiscal”, comparó.
A su vez, señaló que “es una pena que en el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta y que no haya una política que aborde el tema del gas”.
“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”, finalizó.