Los proyectos presentados proponen duplicar las multas a los funcionarios públicos que den positivo en pruebas de alcoholemia
Dos proyectos en Mendoza apuntan a funcionarios públicos alcoholizados
Dos proyectos en Mendoza apuntan a funcionarios públicos alcoholizados
Dos proyectos de ley que proponen endurecer las sanciones para funcionarios públicos que conduzcan alcoholizados continúan a la espera de ser debatidos en la Legislatura de Mendoza. Las iniciativas buscan avanzar con un régimen más severo para quienes ocupan cargos públicos y son detectados manejando con alcohol en sangre.
Ambas propuestas permanecen sin avances en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), por lo que sus autores reclaman que sean incorporadas a la agenda legislativa para continuar su tratamiento.
El primero de los proyectos fue presentado el 21 de febrero por el diputado provincial Edgardo Civit Evans, quien argumentó que la reiteración de casos de funcionarios involucrados en infracciones por alcoholemia afecta la credibilidad de las instituciones.
La iniciativa plantea modificar el artículo 67 de la Ley Contravencional N.º 9.099 para que las multas por conducir con alcohol en sangre se dupliquen, tanto en su monto mínimo como en el máximo, cuando el infractor sea un funcionario público.
Según el legislador, este tipo de episodios "genera un grave perjuicio a la institucionalidad y afecta la confianza de la ciudadanía en sus representantes".
En paralelo, la diputada Stella Huczak (PRO) presentó otro proyecto con un objetivo similar, aunque de mayor alcance.
Su iniciativa propone endurecer las sanciones para funcionarios con alcoholemia positiva, independientemente de que desempeñen cargos nacionales, provinciales o municipales, mediante una reforma de la Ley de Seguridad Vial y del Código Contravencional.
Al defender el proyecto, Huczak sostuvo que estas conductas exceden el plano de la infracción vial y tienen una dimensión ética. "Si sos funcionario no podés manejar con niveles de alcohol no permitidos", expresó.
Cuando fue consultada sobre el tema, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, recordó que la legislación vigente ya contempla sanciones económicas elevadas para quienes incumplen la normativa.
La funcionaria indicó que la multa máxima ronda actualmente los $5 millones y destacó que la Provincia incrementó los controles de alcoholemia.
Según los datos difundidos por la cartera de Seguridad, hasta el momento del informe se habían realizado 49.707 controles, un 33% más que en el mismo período de 2025, mientras que el porcentaje de resultados positivos descendió al 3%.
A pesar de haber sido presentados hace varios meses, ninguno de los dos proyectos logró avanzar dentro de la comisión legislativa correspondiente.
Por ese motivo, los legisladores que impulsan las iniciativas insisten en que sean debatidas para definir si Mendoza incorpora sanciones más severas para los funcionarios públicos que conduzcan bajo los efectos del alcohol.
