El ambientalista Federico Soria denunció persecución ideológica y tortura ante el organismo internacional. Lo relaciona con su lucha contra la megaminería.
Federico Soria advierte que la persecución política y empresarial continúa, y que el poder político-empresarial en Mendoza “ha decidido disciplinar con violencia”.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl especialista y ambientalista mendocino Federico Soria denunció ante la Organización Mundial Contra la Tortura una extensa serie de violaciones a sus derechos humanos, entre ellas persecución ideológica, acoso laboral, tortura psicológica y cesantía forzada. Asegura que el motivo de fondo es su lucha contra la megaminería y la protección del agua en Uspallata.
La denuncia, fechada el 9 de junio de 2025, fue presentada ante la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) por Federico Soria, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. En el extenso documento, el denunciante enumera una serie de violaciones a sus derechos por parte de estamentos del Estado nacional, provincial y municipal, así como por parte de la corporación minera Solway, medios de comunicación hegemónicos y actores políticos vinculados al extractivismo.
Soria afirma que la persecución comenzó por su exposición pública en defensa del agua, el ambiente y los bienes comunes. En particular, destaca su rol como autor intelectual del proyecto de ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, iniciativa presentada como alternativa a Minera San Jorge. Esta zona, afirma, reúne sobradas condiciones ecológicas, patrimoniales y sociales para ser protegida bajo la Ley 6045, que impide actividades mineras y petroleras en espacios ambientalmente sensibles.
La Iniciativa Popular fue respaldada por organizaciones como las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), comunidades indígenas, multisectoriales turísticas y agropecuarias, pero ha sido sistemáticamente rechazada por los gobiernos de Javier Milei y Alfredo Cornejo, así como por empresarios del sector minero. Según Soria, la aprobación de esta ley “blindaría” legalmente a Uspallata contra la megaminería y favorecería un desarrollo sostenible basado en el turismo, la agricultura y el comercio regional.
Entre los hechos denunciados, Federico Soria enumera persecución laboral en la Administración de Parques Nacionales (APN), donde fue cesanteado tras un sumario disciplinario armado de manera simultánea a su judicialización.
Acusa a funcionarios como Cristian Larsen, Ariel Quiroga y Alejandro Rojas de ejecutar un supuesto plan de hostigamiento con apoyo de la minera Solway. Según detalla, sufrió discriminación, negación de derechos laborales y fue forzado a abandonar su puesto en el Parque Nacional El Leoncito.
En paralelo, fue imputado penalmente en una causa por “amenazas coactivas” junto a Mauricio Cornejo, a partir de una denuncia sin pruebas ni testigos. Soria sostiene que se trata de un caso de criminalización de la protesta social, armado con el objetivo de acallarlo y vincularlo falsamente a hechos violentos perpetrados por personas ajenas a su organización.
En su denuncia, acusa a la UCR y al gobierno de Mendoza de orquestar este montaje, junto con funcionarios como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien lo acusó públicamente de delitos no comprobados y quien habría usado fondos municipales para intentar querellar en su contra.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 24 de enero de 2025, cuando una patota de la UOCRA agredió físicamente a manifestantes en Uspallata, dejando a Flavio González gravemente herido.
Soria denuncia que esa violencia fue promovida por el propio Estado, y que su posterior detención incluyó tortura física y psicológica: fue alojado en un calabozo sin colchón ni frazada, alimentado con comida podrida, sin contacto con su familia ni atención médica, incluso durante una crisis de pánico.
Soria vincula la escalada de persecuciones a los intereses de la corporación off-shore Solway, propietaria de Minera San Jorge, que intentaría relanzar el proyecto megaminero bajo el nuevo nombre “PSJ cobre mendocino”.
Esta empresa tiene sede comercial en Suiza, financiera en Malta y ha sido denunciada internacionalmente por casos de corrupción, contaminación, sobornos y asesinatos de ambientalistas. En Mendoza, operaría a través de la empresa fantasma Zonda Metals, en alianza con la firma argentina Alberdi.
La megaminería metalífera que se pretende instalar afectaría las cabeceras del Río Mendoza, recurso vital para el Gran Mendoza y otras zonas productivas.
Según Soria, el nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa en 2025 “es peor” que el rechazado en 2011 por el Poder Legislativo, tras una audiencia pública donde el 75% de los expositores se expresó en contra del proyecto.
A pesar de los rechazos previos, más de 300 concesiones mineras están activas en la zona de Uspallata. Esto, sostiene Soria, vuelve imprescindible aprobar el proyecto de ley del Área Natural Protegida, para evitar un “genocidio ambiental silencioso” y consolidar un modelo económico alternativo y sostenible.
En su denuncia, Soria pide asistencia legal, tecnológica y financiera para continuar su defensa y volver a poner su conocimiento profesional al servicio de la comunidad. Asimismo, solicita máxima difusión del proyecto de ley de Iniciativa Popular, al que considera una herramienta legal vital para garantizar los derechos ambientales, sociales y económicos de la población mendocina.
Actualmente judicializado, cesanteado y desempleado, Federico Soria advierte que la persecución política y empresarial continúa, y que el poder político-empresarial en Mendoza “ha decidido disciplinar con violencia” a quienes defienden el agua, el territorio y la vida.
La Asamblea por Necesidad y Urgencia invita a participar del Festival solidario por Fede y Mauri, a realizarse el sábado 14 de junio desde las 18 h en la Casita Colectiva (Patricias Mendocinas 821, Guaymallén). El evento busca visibilizar la situación de ambos ambientalistas y recolectar fondos para acompañar sus procesos judiciales y de vida.
La entrada sugerida es de $2000, y los aportes pueden realizarse a través del alias festival.casita.uspa. Habrá feria, números artísticos, empanadas, pizzas, vinito y cerveza artesanal. También se tomarán encargos de empanadas para llevar, que se podrán retirar directamente por el lugar.
Para pedidos, comunicarse solo por mensaje escrito (no se aceptan audios ni llamadas) al 261 2466496. Desde la organización señalan que el festival será un momento de encuentro para abrazar con alegría a quienes defienden el agua, y reivindicar la solidaridad como instrumento político frente a la persecución.