- Organizaciones exigen garantías de derecho a protesta
- Enviaron notas luego del rechazo a un hábeas corpus colectivo
Organizaciones se agrupan para exigir garantías ante los antecedentes represivos.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaMás de 600 organizaciones de derechos humanos, sociales, académicas, científicas, de base territoriales, ambientales y personas de todo el país de Latinoamérica han presentado una nota urgente de solicitud de garantías ante el Gobernador, la Ministra de Seguridad y el Procurador General de la Suprema Corte.
"La acción se presenta tras el rechazo del hábeas corpus preventivo colectivo (HC-1849/25) interpuesto en favor de las y los defensores del agua. Las organizaciones firmantes exigen la adopción de medidas concretas para garantizar la libertad ambulatoria, la integridad personal y el derecho a la protesta y movilización en defensa del agua", indicaron a través de un comunicado enviado en medio del debate de San Jorge.
En el texto difundido, indicaron que "las autoridades tienen la obligación de ejercer el Control de Convencionalidad Ex Officio sobre 'toda práctica contraria' al bloque constitucional y convencional de derechos humanos. Entre ellos deben aplicar el Acuerdo de Escazú de Protección de defensores y defensoras ambientales".
"Se exige que se dejen sin efecto las amenazas concretas de restricciones anticipadas, como la limitación a un 'corralito' en Plaza Independencia y la aplicación de la flagrancia a quienes 'corten calles' y eviten discurso de odio y se abstengan de ordenar, ejecutar o promover prácticas ilegales de disciplinamiento, hostigamiento contra la población", expresaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) en el día de las y los defensores de derechos "hacen un llamado a los Estados para asegurar espacios cívicos abiertos y libres de amedrentamiento, a fin de garantizar y respetar los derechos humanos”.
"Las y los firmantes advierten que estas prácticas, junto con los antecedentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, comprometen la responsabilidad internacional del Estado y las y los funcionarios que dicten, ordenen, ejecuten protocolos inconvencionales y contrarios a los estándares de derechos humanos", marcaron.
Finalmente, indicaron que "las organizaciones firmantes continuarán recurriendo a todos los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para la protección de los derechos de las comunidades y defensoras/es del agua en Mendoza".