Fernando Simón, Fiscal de Estado, explicó que entre lo que pidió al Gobierno y lo que le aprobaron, hay diferencias importantes.
El Fiscal de Estado expuso el presupuesto ante un puñado de legisladores.
Cámara de DiputadosAnte un salón casi vacío por el éxodo de legisladores rumbo a San Rafael por la llegada del presidente Javier Milei, Fernando Simón arrancó su presentación con una curiosidad. "No puedo explicar este presupuesto", dijo. El Fiscal de Estado no tiene fondos para gastos de capital y hay preocupación por el control a empresas estatales.
Las necesidades del organismo que conduce fueron detalladas ante legisladores por objeto de gasto y financiamiento. La pauta preve una erogación de $18.163 millones, de los cuales hay $16.116 que serán destinados a la cancelación de juicios contra el Estado y el resto, al funcionamiento general del organismo y bienes de capital. Pero para juicios, los fondos sólo alcanzarán para el 37%, con lo cual hay riesgo de embargos a las cuentas públicas.
En la distribución del gasto, el proyecto "contempla que del total anual de la partida de personal, unos $5.808,6 millones corresponden a la planta permanente, mientras que $93.991 a personal temporario.
Los pocos legisladores presenten escucharon que las erogaciones significan un 0,11 % del presupuesto general de la Administración Central y desde el organismo, remarcaron que es una porción que ha disminuido sensiblemente desde 2015 cuando resultaba el 0,35 por ciento del gasto provincial.
Del total de juicios con sentencia firme que se pagará en 2026 y que suman 393, el 30% corresponde a reclamos por Daños y Perjuicios, un 34% suman las acciones Procesales y Administrativas, 8% responden al Convenio L9234 (de Acuerdos Transaccionales), un 14% corresponden a Prescripciones Adquisitivas, y un 4% a acciones de amparo en general sindicales. El 7% restante se divide entre procesamientos por consumo, ordinarios y de conocimiento.
Simón, junto al Director de Administración de Fiscalía de Estado, mostró que en relación a la evolución del personal la curva continúa en sentido descendente porque mientras en 2015 eran 145 trabajadores en la repartición hoy alcanzan los 122, un número que se mantiene con escasas variantes desde 2018.
Actualmente el organismo desarrolla sus tareas con 95 personas en planta permanente, 17 fuera de nivel, 6 adscriptos y 3 contratos de locación.
En relación al trabajo que se realiza en la Fiscalía se dio a conocer la cantidad de dictámenes emanados por la Dirección de Asuntos Administrativos en lo que va de 2025 alcanzó los 816.
Por su parte la Dirección de Asuntos Judiciales lleva adelante 7061 expedientes que aún no tienen sentencia definitiva ni han sido archivados.
Entre los propósitos del organismo de control se destacó "la necesidad de fortalecer el control a las empresas con participación estatal. Los proyectos de inversión que presentó el organismo de control eran 8, que sumaban unos 119.850.798 de pesos, y ninguno obtuvo financiamiento".
Para el control de las empresas se solicitaron poco más de 65 millones de pesos, que incluyen la compra de un vehículo para recorrer las obras, seguro y combustible para la misma, equipamiento informático y la contratación de profesionales especializados – al menos 5- en este tipo de auditorías que se sumarían al organismo de control.
El resto de los proyectos estaban relacionados con adquisición de equipamiento, renovación de mobiliarios y libros de consulta jurídica. También se solicitaban fondos para renovación de oficinas y equipos informáticos obsoletos. Incluso estaba previsto un pedido por 4.300.000 para la reducción de intereses en el pago de juicios ejecutados.
Los legisladores de la Comisión de Hacienda se comprometieron a estudiar el tema, en especial el financiamiento para control de empresas del Estado, y elevar el reclamo al Ejecutivo.