El Gobierno colocará molinetes y control biométrico desde febrero de 2026. Dicen que buscar “premiar a los que cumplen” y sancionar a los que no.
El Gobierno de Mendoza avanza con la instalación de molinetes en Casa de Gobierno como parte de un nuevo sistema de control laboral y productividad. Según el ministro Natalio Mema, la medida apunta a “premiar a quienes cumplen y sancionar a quienes no”. Sin embargo, ATE advirtió sobre riesgos de seguridad y denunció “una inversión millonaria fuera de las prioridades”.
Los primeros molinetes ya fueron colocados en el edificio central de Peltier 351, donde trabajan más de 1.500 empleados públicos. El plan prevé completar la instalación en febrero de 2026 y podría extenderse a las áreas de Salud y Seguridad.
“Es un control general de ingreso y egreso para mejorar los índices de productividad que estamos planteando en las paritarias”, explicó el ministro Mema, quien insistió en que la información servirá para “beneficiar a los que son eficientes”.
El funcionario agregó que “todo peso que se ponga por encima de la inflación tiene que estar destinado a quienes brinden mejores servicios a la comunidad”.
Desde Casa de Gobierno señalaron que el sistema también servirá para monitorear salidas durante el horario laboral, y que se evalúa incorporar una app móvil de seguimiento.
El anuncio generó rechazo entre los gremios. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario gremial Cristian Tarantola advirtió: “Queremos saber si los molinetes reemplazarán el registro biométrico actual o si será un control adicional. Si es extra, exigimos saber qué función cumple y cómo se aplicará”.
El sindicalista cuestionó también los posibles problemas de seguridad: “Estamos en una zona sísmica. Los molinetes deben cumplir con las normas de Defensa Civil para permitir una evacuación rápida. Si no, se está poniendo en riesgo al personal”.
Además, Tarantola planteó dudas operativas: “Si un empleado debe ir al baño o trasladarse entre pisos, tendrá que pasar por el molinete. No está claro cómo se medirá la productividad real del trabajo administrativo”.
El dirigente señaló que lejos de mejorar la imagen del empleado público, la medida “instala más estigma”.
El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, consideró que la medida es “imperiosa” pero mal planificada.
“Todas las reparticiones deben tener sistemas de marcación, pero lo prioritario es la seguridad en Casa de Gobierno. En zonas sísmicas, estos molinetes no cumplen con las medidas básicas”.
La relación entre el gremio y el Ejecutivo atraviesa un momento de tensión tras la implementación del nuevo Estatuto del Empleado Público y el reciente Convenio Colectivo de Trabajo con ATSA, que dejó afuera a unos 4.300 afiliados de ATE.
Actualmente, Mendoza cuenta con 91.537 empleados estatales, lo que equivale a 43,8 agentes cada 1.000 habitantes. El 97% pertenece a los sectores de Educación, Salud y Seguridad, mientras que el 3% restante corresponde a la administración central.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2026, el Ejecutivo provincial destinará el 42% del gasto total, equivalente a 2,37 billones de pesos, al pago de salarios.
La cartera de Gobierno administrará el 20,76% de los recursos provinciales, unos $1,16 billones, destinados a obras estratégicas, conectividad, desarrollo social y modernización del Estado.
En materia tecnológica, el Ministerio invertirá $4.393 millones para ampliar el data center, incorporar inteligencia artificial en trámites administrativos y fortalecer la plataforma MxM, que ya registra más de 1,5 millones de accesos mensuales.
Desde el Ejecutivo aseguran que el nuevo sistema aumentará la eficiencia y la transparencia dentro del Estado. Pero para los gremios, la iniciativa representa un control excesivo que pone en duda la confianza en los trabajadores públicos.