“Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias que haga falta”, habría ratificado el presidente Javier Milei en privado durante una reunión en la que se hablaba de la ley de emergencia en discapacidad. Días después, y tomando nota del golpe electoral, el Gobierno nacional cambió de opinión.

En diálogo con Clarín, el ministro coordinador Guillermo Francos indicó que "el Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente".

Guillermo Francos, uno de los funcionarios clave del Gobierno nacional, confirmó la promulgación de la ley.

"Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó.

Exponer a la oposición

"Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", dijo Francos.

En ese sentido, el funcionario nacional aseguró que está dispuesto a reunirse "con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, 'che miren, el sistema de discapacidad es este'. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, 'che, arréglensela como puedan'".

"Eso es un ataque al presidente Milei. Discutamos cómo, van a tener presupuesto ahí a partir de este lunes, bueno fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto. Lo que se ha mostrado hasta aquí es que hubo una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal. Esto fue una acción política deliberada contra un gobierno que tiene una acción política también muy clara hacia dónde quiere ir. Estos temas siempre se dirimen electoralmente", dijo.

Qué dice la ley

• Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
• La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
• Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
• Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
• Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.
• Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
• El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
• La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
• La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiario s “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.
• La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
• El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
• Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.