El Senado de la Nación ratificó este jueves la ley de emergencia en discapacidad, que regirá hasta diciembre de 2026. La norma establece la actualización mensual de los aranceles para prestadores de salud, la cancelación de deudas acumuladas y una mejora en las pensiones no contributivas, que pasarán a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Pensiones no contributivas: suba y compatibilidad con empleo
Uno de los cambios centrales es la elevación de las pensiones no contributivas por discapacidad al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, quienes las perciban podrán trabajar, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el refuerzo fiscal por este concepto implicará entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios, que podría variar entre 493 mil y 946 mil personas.
Deudas y actualización de aranceles a prestadores
La norma ordena al Estado nacional saldar las deudas con prestadores de salud y actualizar de manera mensual los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas en base a la inflación informada por el INDEC.
Además, se crea una compensación de emergencia financiada con recursos del Tesoro para los prestadores, medida que busca garantizar la continuidad de terapias y tratamientos.
Auditorías y beneficios fiscales para empleadores
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizará auditorías con criterios de equidad y transparencia, asegurando notificaciones fehacientes y el acceso a la información por parte de los beneficiarios.
La ley también incentiva la contratación de personas con discapacidad: los empleadores que los incorporen en puestos de tiempo indeterminado estarán eximidos durante tres años del 50% de las contribuciones patronales y previsionales.