-El presidente de LLA en Mendoza cuestionó el "populismo tarifario".
-La norma en cuestión implica la pérdida de beneficios para los mendocinos.
El diputado nacional Facundo Correa Llanos, jefe de los libertarios en Mendoza.
El diputado nacional Facundo Correa Llano defendió la iniciativa oficial para la modificación del régimen de Zonas Frías para el gas natural en la Cámara Baja del Congreso. El bloque oficialista designó al mendocino para liderar la ponencia del proyecto que le quita subsidios a usuarios mendocinos del servicio de gas.
En el discurso que abrió la discusión en el recinto, Correa Llano aseguró que el proyecto busca focalizar la asistencia en sectores vulnerables y terminar con el "populismo tarifario", alineándose con el plan de ordenamiento económico y energético que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.
Durante su intervención en la cámara baja, el legislador representante de la provincia de Mendoza trazó un duro diagnóstico sobre las políticas aplicadas en las últimas décadas. Afirmó que la política argentina se sostuvo sobre la base de subsidios indiscriminados que generaron profundas distorsiones en toda la economía nacional. Según su visión, las administraciones del kirchnerismo construyeron un sistema energético netamente artificial, en el cual las boletas que llegaban a los hogares no reflejaban los costos reales de generación y distribución de energía.
Para el dirigente libertario, esta brecha entre el costo real y lo que pagaban los usuarios era financiada a través de mecanismos nocivos: toma de deuda, emisión monetaria e inflación. Remarcó que durante años se instaló la creencia de que esta asistencia estatal masiva no tenía costo para los ciudadanos. Sin embargo, enfatizó que el desfase fue pagado en su totalidad por todos los argentinos a través del impuesto inflacionario, al que calificó como el tributo que más duramente golpea el bolsillo de las familias de menores recursos.
Como prueba del desmanejo administrativo heredado, Facundo Correa Llano citó los resultados expuestos recientemente a través de la Resolución 219/2025. A partir de esta auditoría, el Estado detectó más de 138.000 insólitos casos de beneficios repetidos que se aplicaban sobre un mismo medidor. Este dato fue utilizado por el mendocino para ilustrar la total falta de controles y el criterio completamente distorsivo con el que se manejaban los fondos públicos, permitiendo que hogares de alta capacidad contributiva recibieran ayuda estatal pensada para los habitantes más necesitados.
Respecto al núcleo central de la nueva ley, el legislador fue categórico al desmentir que se trate de una eliminación de los beneficios vigentes. Explicó que el nuevo proyecto mantiene intacto el merecido reconocimiento histórico otorgado a la Patagonia, a la región de la Puna y al departamento de Malargüe. La verdadera modificación radica en lograr corregir la irresponsable expansión territorial legislada en pleno año electoral durante 2021. Para aquellas nuevas zonas incorporadas en esa ampliación, la asignación dejará de ser universal y se comenzará a aplicar un estricto criterio socioeconómico.
Ya en el tramo final de su exposición, el parlamentario del bloque oficialista vinculó la normalización de las tarifas con la incipiente recuperación de los indicadores macroeconómicos. Destacó que el reordenamiento impulsado por la Casa Rosada se encuentra arrojando resultados concretos, mencionando el reciente récord en materia de superávit energético. Según su análisis, al tomar la decisión de abandonar el esquema artificial de tarifas fuertemente subsidiadas, el país ha vuelto a posicionarse como un destino sumamente atractivo y seguro para el capital privado.
Para graficar este prometedor escenario económico, destacó la creciente adhesión al novedoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido por sus siglas RIGI. Afirmó que ya existen más de dieciséis importantes proyectos aprobados bajo este paraguas legal, lo que representa compromisos por más de veinte mil millones de dólares y la potencial creación de cuarenta mil nuevos puestos de trabajo formales. Este crucial flujo de capitales resulta, desde su perspectiva, fundamental para la correcta explotación a gran escala de recursos naturales estratégicos como el yacimiento Vaca Muerta.
A la par de estas inversiones productivas, el diputado ponderó las acciones para transparentar el mercado. Destacó especialmente la regularización de la compañía administradora CAMMESA y la fuerte desregulación del sector. Con estos elementos expuestos, dio por concluida su alocución redefiniendo un concepto histórico. Afirmó que la verdadera justicia social no pasa por regalar energía mientras se destruye sistemáticamente el entramado productivo, sino por establecer normas predecibles que permitan construir un país próspero y estable para todos.