La titular del Ministerio Público de la Defensa explicó por qué es fundamental un edificio en el Polo Judicial y en qué departamentos falta personal.
El Ministerio Público de la Defensa explicó en qué gastará fondos y cuáles son las demandas más urgentes.
Cámara de DiputadosCecilia Saint-André, titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, explicó en qué invertirá los más de $21.453 millones con los que funcionará la unidad organizativa el año próximo. De esos fondos, “casi todo es personal”, que se afronta con Rentas Generales y “sólo un 4% queda para funcionamiento e inversión del Ministerio”.
La magistrada explicó que se financia con tasa de justicia, depósitos judiciales, honorarios, cursos de capacitación para personal externo al Ministerio y multas eventuales a proveedores por incumplimiento de contratos. Así, cerca de $20 mil millones se destinan a personal mientras que unos 900 millones tienen como destino la inversión.
Una de las necesidades que planteó Saint-André es la construcción edilicia para tener un lugar en el Polo Judicial y de esa manera "tener un modelo integral del servicio de justicia que se pretende tener”, dado que “no sólo soluciona problemas sino que es la solución a una justicia cercana”, indicó.
Hizo hincapié en cargos clave. Uno de ellos es en General Alvear. "Resulta impostergable una defensoría civil en General Alvear para ponerle fin a la doble competencia del defensor penal juvenil actual ”, sostuvo, afirmando al respecto que la coexistencia en un mismo profesional de ambas funciones, implica sobrecarga. Desde General Alvear, el diputado José Vilches le dio la razón. "Sé del trabajo del Dr. Farina", indicó.
En el sur, también indicó la necesidad de contar con una asesoría en San Rafael. "Tenemos una sola asesoría y dos jueces de familia y los asesores intervienen en todas las causas de familia. Esto, teniendo en cuenta que siempre que se creaba un Juzgado de Familia se creaba en espejo, una asesoría”.
Esta situación se repite en San Carlos, Lavalle, Las Heras y Guaymallén. De esa manera, lo que pretende Saint-André es "equiparar la cantidad de asesorías con los Juzgados de Familia”. Por otra parte, estiman el ingreso de 30 codefensores multifuero para reforzar el servicio de defensa.
Entre los datos que compartió, la magistrada expuso que el principal indicador de impacto de esa gestión “es la cantidad de personas que asesoramos. Atendemos a personas de todos los contextos socioeconómicos aunque la mayoría son personas en situación de vulnerabilidad. O no saben leer y escribir, o están privados de la libertad, o situación de calle”, por citar algunos ejemplos.
“Más de 130 mil personas fueron asesoradas en 2025”, dijo, y si se tiene en cuenta la distribución por fuero, “la mayor cantidad se da en familia, seguido por penal, algo similar a 2024 ”. Igualmente, indicó respecto a la cantidad de audiencias realizadas, que en los tres primeros trimestres participaron en 55835 audiencias en todos los fueros.
En diálogo con la prensa, indicó que el aumento de personas asesoradas por el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar probablemente se deba a la situación económica que golpea muchos bolsillos. Marcó también que empleados municipales, policías, docentes se acercan en busca del servicio de defensa pública. Eso significa, muchas veces, que las personas no tienen recursos para pagar un patrocinante particular.
Saint-André destacó la voluntad del Ministerio Público Fiscal a la hora de compartir recursos, y también de la Suprema Corte de Justicia. "Se está trabajando en el desarrollo de otros sistemas informáticos, que son el primer paso para la incorporación futura de la IA aplicada a los servicios de la defensa, pero para agilización y control de los procesos porque nunca podrá reemplazar al defensor”.
Los avances tecnológicos han permitido un “seguimiento y monitoreo permanente, obtener datos estadísticos en tiempo real del trabaja cotidiano”, algo en lo que se seguirá trabajando y por lo cual han celebrado acuerdos con la Suprema Corte “activando casillas de notificación electrónica, apuntando a la despapelización y la agilización”.
De igual forma se avanzó en la cooperación interinstitucional celebrando convenios marco con universidades y facultades de Derecho para prácticas no rentadas de estudiantes; con la Defensoría de las Personas con Discapacidad para trabajar en protocolos específicos, y con el Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial, en materia de capacitación.