-La nueva normativa prevé penas de prisión para las personas desde los 14 años.
-El Senado votó a favor sobre el filo del fin del periodo de extraordinarias.
El Senado aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el nuevo régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Con una mayoría que se consolidó en las horas previas al debate, el oficialismo logró sancionar el proyecto que establece, como punto más disruptivo, la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
El proyecto se aprobó en general con 44 votos a favor y 27 en contra y una abstención. La Ley será reglamentada y promulgada por el Ejecutivo de Javier Milei. La sesión, que se extendió por más de ocho horas, reflejó la profunda polarización que el tema genera en la sociedad argentina. Sin embargo, los acuerdos alcanzados por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo permitieron que la iniciativa obtuviera los votos necesarios para convertirse en ley, cerrando un ciclo de debates que se postergó durante décadas.
El texto aprobado deroga el decreto-ley 22.278, una norma heredada de la última dictadura militar que, según los impulsores de la reforma, resultaba anacrónica y discrecional. La nueva normativa busca dotar al sistema de herramientas procesales modernas, enfocadas tanto en la sanción como en la resocialización temprana.
La senadora Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista y mentora del régimen votado, celebró la sanción destacando que "se termina la impunidad para quienes utilizan a menores como escudos para cometer delitos graves". Según el nuevo articulado, los menores de entre 13 y 18 años serán sujetos de proceso penal cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal. "Estamos cambiando la historia", sentenció la senadora.
Más allá de la edad, la ley introduce modificaciones estructurales en el abordaje de la delincuencia juvenil:
Penas diferenciadas: Se establece un tope máximo de 20 años de prisión para los menores de edad, prohibiéndose la reclusión perpetua, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos.
Régimen de medidas socioeducativas: Para delitos menores, se priorizarán mecanismos de justicia restaurativa, como la reparación del daño y el servicio comunitario.
Especialización judicial: La creación de fiscalías y juzgados especializados en minoridad, con personal capacitado en psicología evolutiva.
Aceleración de procesos: Se fijan plazos estrictos para evitar que los jóvenes permanezcan en centros de detención sin condena firme.
El senador Luis Juez, uno de los principales defensores del proyecto en el recinto, argumentó que "no se trata solo de castigar, sino de que el Estado llegue antes de que el joven se convierta en un delincuente profesional". Por el contrario, desde la oposición, sectores alineados con Unión por la Patria advirtieron que la ley no ataca las causas estructurales de la criminalidad y que las cárceles argentinas no están preparadas para albergar a adolescentes de 14 años.
Mientras el tablero electrónico del Senado marcaba la aprobación definitiva, en las afueras del Congreso de la Nación se registraron manifestaciones de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. Bajo la consigna "No a la baja", los manifestantes denunciaron que la medida vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño.
Expertos de la UNICEF y diversas ONG han manifestado su preocupación, señalando que la evidencia internacional no vincula la baja de la imputabilidad con una disminución efectiva de la tasa de criminalidad. No obstante, el consenso mayoritario en la Cámara Alta se apoyó en una demanda social creciente de "mano dura" ante hechos delictivos violentos protagonizados por menores.
Con la ley ya sancionada, el foco se traslada ahora al Poder Ejecutivo y a las provincias. La implementación requerirá una inversión millonaria para la adecuación de los Institutos de Menores, que deberán transformarse en centros de régimen cerrado con estándares educativos y de salud mental.
El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, será el encargado de reglamentar los protocolos de detención y traslado, asegurando que los menores no compartan espacios con adultos bajo ninguna circunstancia.