Mientras Francos recibió a Daer en Casa Rosada, ATE y la CTA Autónoma encabezaron una masiva movilización contra el ajuste y el DNU 340/25.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma llevaron adelante un paro nacional con más del 90% de acatamiento, que incluyó una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma llevaron adelante un paro nacional con más del 90% de acatamiento, que incluyó una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía, en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei, al decreto que restringe el derecho a huelga y a la precarización del empleo estatal.
El epicentro del reclamo fue el reciente Decreto 340/25, que restringe medidas de fuerza en sectores definidos ahora como “esenciales”, una reinterpretación de normas ya incluidas en el DNU 70/23 y que, según los gremios, viola derechos constitucionales. “No nos vamos a dejar joder. La huelga es nuestro derecho fundamental y ya está regulada hace más de 20 años”, remarcó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
La medida de fuerza fue convocada con múltiples demandas: reapertura urgente de paritarias, rechazo a los despidos por no aprobar el Sistema de Evaluación Pública (SEP), repudio a los intentos de fusión de organismos y la exigencia de que el Ejecutivo restablezca los fondos adeudados a las provincias.
“La única posibilidad que tenemos de quebrar el techo de las paritarias es estando en la calle. El Gobierno nos robó los salarios de los estatales y los haberes a los jubilados”, denunció Aguiar, al tiempo que denunció “un modelo de ajuste que castiga a los trabajadores y premia a los especuladores”.
Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, fue más allá y calificó al presidente Milei como un “fantoche”. “No aceptamos salarios de hambre, ni que cercenen nuestro derecho a huelga. Vamos a defender nuestros derechos en la calle, como siempre lo hicimos frente a gobiernos autoritarios”, escribió en sus redes sociales.
Mientras en la calle se multiplicaban las protestas, en la Casa Rosada se desarrolló una reunión de alto perfil. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió al secretario general del gremio de Sanidad y triunviro de la CGT, Héctor Daer, en un encuentro solicitado para abordar un conflicto específico con una empresa tercerizada que presta servicios en el Hospital Naval de Buenos Aires.
Aunque el propio Daer se retiró “más tranquilo” tras la reunión, la tensión por el DNU 340/25 no quedó afuera de la agenda mediática. “Este nuevo decreto es una copia del 70/23 que ya fue rechazado judicialmente. Vamos a ir a la Justicia entre lunes y martes y estamos seguros de que se va a caer de nuevo”, aseguró ante la prensa en Balcarce 50.
Daer también remarcó que el decreto es inconstitucional, ya que el Congreso se encuentra en funciones, por lo que el Ejecutivo no puede legislar por decreto en materia de derechos fundamentales como el derecho a huelga.
Si bien el tema no fue tratado formalmente en la reunión con Francos, la postura de la CGT es clara: rechazo total al intento del Gobierno de restringir la protesta social y los mecanismos sindicales. La central obrera, que en las últimas semanas mostró gestos de apertura con el Ejecutivo, vuelve a endurecer su tono en un contexto de creciente conflictividad laboral.
El decreto en cuestión redefine qué actividades se consideran “esenciales”, incorporando sectores como la educación, el transporte aéreo, y hasta los servicios bancarios y aduaneros. Desde los gremios denuncian que esta definición arbitraria podría anular de facto el derecho a huelga en amplios sectores de la economía y la administración pública, abriendo una nueva etapa de confrontación social.