La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por José Luis Ramón, firmó un despacho solicitando un informe al Ministerio Público, encabezado por el procurador y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, sobre la represión y detención de los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro. Junto a un grupo de vecinos y asambleístas, ambos fueron arrestados el pasado 11 de diciembre mientras cubrían una manifestación contra San Jorge y el avance de la megaminería en Mendoza. Hay dos manifestantes que aún están tras las rejas y que serán enviados a la cárcel por pedido del fiscal Fernando Giunta.
El pedido de explicaciones apunta a esclarecer las razones por las cuales se privó de libertad a trabajadores de prensa acreditados, en lo que se considera una vulneración de la libertad de expresión y de derechos constitucionales. La Comisión convocó además a una audiencia en la que Franco brindó su testimonio, acompañado por el Sindicato de Prensa de Mendoza, que denunció lo ocurrido como un acto de criminalización de la labor periodística.
Antes de ser capturado, Franco alcanzó a registrar con su cámara un tramo del desmesurado operativo de seguridad:
Reclamo del Sindicato de Prensa
El Sindicato de Prensa de Mendoza presentó denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y la Inspección General de Seguridad, reclamando garantías para el libre ejercicio de la tarea periodística, especialmente en coberturas de manifestaciones sociales. La organización rechazó la habilitación que, según señalaron, el actual contexto político otorga a la policía para ejecutar hechos represivos.
En su comunicado, el Sindicato exigió la aplicación de la normativa vigente a los responsables y alertó sobre el riesgo que implica para la democracia que periodistas sean detenidos mientras cumplen su función de informar.
La noche de la represión
La noche del jueves estuvo marcada por un operativo policial desmedido en el KM0 de la Capital. La policía arrojó gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra manifestantes que participaban de un “ruidazo” contra San Jorge, tras su aprobación legislativa.
La Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) repudió lo ocurrido y difundió la lista de algunos de los detenidos. Todos fueron liberados en los días posteriores, con la excepción de los hermanos Renzo y Facundo Gollano, que aún siguen tras las rejas. El fiscal Fernando Giunta pidió su detención y traslado dentro del sistema penitenciario.
Lo ocurrido en la noche del 11 de diciembre tiene como contexto una escalada represiva contra la protesta, en especial contra quienes se manifiestan contra la megaminería en Mendoza.
Periodistas detenidos
El caso de Bautista Franco generó especial preocupación. Su abogado, Maximiliano Villarreal, confirmó que el periodista llevaba su credencial colgada en el pecho al momento de ser detenido.
Por su parte, Santiago Algoberro, vocero de los trabajadores de la literatura en Mendoza, también fue arrestado mientras realizaba tareas de relevamiento periodístico. Ambos casos refuerzan las denuncias de criminalización hacia quienes ejercen la defensa de derechos sociales y ambientales.
Los Gollano, a la cárcel
Los hermanos Gollano tienen antecedentes de persecución en protestas anteriores. Facundo Gollano ya había sido detenido en agosto tras una marcha contra la minera San Jorge, acusado de “daño agravado” por la declaración de policías. En aquella ocasión pasó cuatro noches en un calabozo antes de ser liberado.
Su hermano Renzo también fue arrestado semanas después en un confuso episodio policial. La detención de su padre, Adrián Gollano, la noche del jueves, sumó un nuevo capítulo a esta saga de persecuciones.
La versión oficial
El Ministerio de Seguridad difundió un parte oficial en el que justificó el operativo. Según el comunicado oficial, los manifestantes intentaron ocupar la totalidad de la calzada en calle Garibaldi y algunos agredieron al personal policial. El informe incluso menciona que un efectivo habría sido herido con un puntazo.
El Ministerio también informó sobre la detención de cuatro mujeres que realizaron grafitis en defensa del agua, lo que fue interpretado por las organizaciones sociales como un intento de criminalizar expresiones pacíficas de protesta.
Un conflicto que se profundiza
La tensión entre las organizaciones ambientalistas y el gobierno provincial se intensifica. Mientras la Comisión de Derechos y Garantías exige explicaciones al jefe de los fiscales, organizaciones sociales y asambleístas denuncian un patrón de persecución hacia quienes defienden el agua y el medio ambiente.
