-El ministro se presentó ante un plenario de comisiones de la Legislatura.
-El Ejecutivo promueve un paquete que incluye la estabilidad impositiva.
Víctor Fayad, jefe de Hacienda de la Provincia.
Un plenario de comisiones recibió al Ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, para analizar un proyecto que busca adherir a Mendoza al RIMI, reconfigurar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, reorganizar el Instituto de Juegos y Casinos y dar de baja activos incobrables de los ex bancos provinciales.
El proyecto del Ejecutivo se articula en cuatro capítulos y dos hilos conductores: incentivo a la producción y adecuación administrativa del Estado. Según la exposición del ministro, la adhesión al RIMI incorpora la estabilidad fiscal provincial para los proyectos que adhieran, impidiendo la creación de nuevos impuestos o el aumento de alícuotas sobre esos emprendimientos.
“Un plenario de tres comisiones recibió al Ministro de Hacienda y Finanzas por un proyecto de ‘Ley macro’ presentado por el Ejecutivo”.
El paquete suma beneficios locales por diez años: estabilidad impositiva, prioridad en financiamiento y acceso preferente a parques industriales, capacitación, fomento del empleo y otras herramientas para potenciar la radicación de empresas y la generación de empleo.
La propuesta redefine el rol del Fondo para la Transformación y el Crecimiento: se abandona el esquema de créditos directos y se priorizan dos herramientas principales —subsidio de tasas y garantías mediante sociedades de garantía recíproca— para facilitar que las PyMEs accedan al crédito privado. El Ejecutivo sostiene que así se logra un uso más eficaz de los recursos provinciales y se apalanca al sistema financiero en lugar de financiar directamente al sector productivo.
En paralelo, el proyecto contempla la transferencia ordenada de bienes, créditos y obligaciones del organismo, y regula el tratamiento del personal de la Administradora, con alternativas que van desde reubicaciones hasta retiros voluntarios y extinción del vínculo laboral con indemnizaciones.
Uno de los capítulos más sensibles apunta a la liquidación de activos remanentes de los ex bancos oficiales y a la baja de créditos considerados incobrables por prescripción, quiebras o inviabilidad económica. La iniciativa propone eliminar del Sistema de Información Contable provincial (Sidico) deudas sin juicio o con procesos judiciales caducos, y faculta al Ejecutivo a cancelar garantías reales, como hipotecas, para destrabar bienes y normalizar su situación.
El objetivo declarado es “limpiar” una cartera heredada de la privatización de la década del 90, que lleva casi 30 años sin resolverse, y reducir riesgos de litigiosidad, fortaleciendo la seguridad jurídica y la transparencia administrativa.
El proyecto otorga facultades al Instituto Provincial de Juegos y Casinos para modificar áreas y funciones y ejecutar una reorganización integral en el plazo de un año. Se incluyen medidas para preservar la continuidad del personal, con mecanismos voluntarios y compensaciones —hasta el 120% de la indemnización legal en retiros voluntarios—, reubicaciones con adicionales compensatorios y la posibilidad de incorporación a otros organismos públicos.
También se prevén adecuaciones presupuestarias y la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando sea necesario para llevar adelante el proceso, con la promesa de aportes del Ministerio de Hacienda y Finanzas para garantizar el funcionamiento.
El Ejecutivo presenta la iniciativa como una apuesta por la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento de la inversión privada, con la promesa de atraer proyectos productivos y empleo. Para los sectores productivos, la combinación de incentivos fiscales nacionales del RIMI y beneficios locales podría resultar atractiva; para los sindicatos y trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos, las medidas generan inquietudes sobre garantías laborales y condiciones de reubicación.
“El RIMI es un régimen nacional orientado a promover inversiones productivas en el país mediante incentivos fiscales para las inversiones que se realicen en los próximos dos años”.
La discusión legislativa que sigue en comisiones —presididas por Beatriz Martínez, Elisabeth Crescitelli y Fernanda Kaufman— será clave para definir alcances, plazos y salvaguardas sociales. El proyecto combina reformas estructurales con medidas de gestión patrimonial que, de aprobarse, marcarán un antes y un después en la política económica provincial.