Control de armas bajo debate
Fernández Sagasti cuestionó el nuevo RENAR de Milei
La senadora mendocina calificó al Decreto 770/2026 como una “bomba de tiempo” y cuestionó el control estatal sobre las armas
Imagen no disponible
El Gobierno nacional modificó la estructura del Registro Nacional de Armas (RENAR) mediante el Decreto 770/2026 y la medida abrió un nuevo frente de críticas desde Mendoza. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó la decisión y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el control de las armas de fuego.
La norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece que el RENAR funcionará como un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional y redefine sus objetivos, estructura y conducción.
Se trata de una reorganización administrativa destinada a ordenar la estructura del organismo. El decreto establece, entre otras cuestiones, un director ejecutivo con rango de secretario y un subdirector con jerarquía de subsecretario.
Qué cambia con el decreto
La nueva estructura mantiene en el RENAR las funciones de registración, autorización, control y fiscalización de las armas, municiones, explosivos y otros materiales regulados. También conserva la obligación de realizar inspecciones, operativos y acciones territoriales relacionadas con el control y la regularización.
El organismo continuará administrando bases de datos sobre armas y usuarios, además del Banco Nacional de Materiales Controlados. La norma dispone además una nueva estructura operativa y modifica cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público.
En ese contexto, el cambio generó cuestionamientos políticos, especialmente por el alcance que tendrá la reorganización sobre la capacidad de fiscalización del organismo que debe controlar el circuito legal de las armas en el país.
La advertencia de Fernández Sagasti
Fernández Sagasti salió al cruce de la medida a través de sus redes sociales y la calificó como una “bomba de tiempo”, al vincularla con el escenario de violencia que atraviesa el país.
La senadora mendocina cuestionó que el Gobierno avance con cambios en el organismo encargado del control de armas en un contexto que, según planteó, incluye amenazas de tiroteos en escuelas, violencia asociada al narcotráfico y mayor conflictividad social.
Su principal cuestionamiento apunta a que el Estado estaría reduciendo su capacidad de control mientras, según su denuncia, se flexibilizan las condiciones para la importación y tenencia de armas.
Fernández Sagasti sostuvo además que el organismo habría quedado debilitado luego de una reducción significativa de su personal. Según sus números, se desvinculó al 80% de los trabajadores y quedarían menos de diez inspectores para fiscalizar cerca de 800.000 armas irregulares que, afirmó, circulan en distintos barrios del país.
Esos números forman parte de la crítica de la senadora y no están consignados en el Decreto 770/2026 publicado por el Gobierno nacional. La norma sí establece que el RENAR deberá continuar realizando inspecciones, operativos y tareas de control territorial.
El fondo y los nuevos cargos
Otro de los puntos cuestionados por Fernández Sagasti es la estructura jerárquica que establece el decreto. La norma fija que el titular del RENAR tendrá rango y jerarquía de secretario y que el subdirector ejecutivo tendrá rango y jerarquía de subsecretario.
La senadora también planteó reparos por la eliminación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada. Ese fondo ya había sido derogado en 2025.
El nuevo decreto, por su parte, no elimina las funciones vinculadas con la prevención de la violencia armada: entre los objetivos del RENAR figura expresamente promover políticas y campañas públicas contra la violencia armada y el tráfico ilícito de armas.
Así, el debate abierto por la reforma del RENAR combina dos visiones contrapuestas. El Gobierno presenta la medida como una reorganización administrativa para concentrar el control de armas dentro del Ministerio de Seguridad Nacional, mientras que Fernández Sagasti advierte que la reducción de capacidades estatales podría dificultar la fiscalización de las armas que circulan en el país.