La Procuración del Tesoro presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos una apelación contra el fallo dictado el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, donde se obligaba a Argentina a indemnizar con USD16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF en 2012.
El fallo ordenaba también, la entrega de la participación accionaria del 51% del Estado en la petrolera. Según la defensa argentina:
"La práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones".
Por eso, sostienen que una sentencia como esta no debería aplicarse a un Estado soberano bajo derecho argentino, pues implicaría que un tribunal extranjero imponga obligaciones incompatibles con la legislación nacional.
Jurisdicción en disputa y una decisión de la Corte
Durante la audiencia, los abogados argentinos subrayaron que el caso debía resolverse en tribunales argentinos y que la sentencia estadounidense aplicó un “remedio sin precedentes”. En cambio, los representantes de Burford defendieron la jurisdicción de Estados Unidos y alegaron incumplimientos estatutarios de Argentina, insistiendo en que existía un vínculo bilateral que les daba derecho a reclamar.
La Corte examinó la jurisdicción del caso, la diferencia entre derecho público y privado argentino y la metodología de cálculo de daños. En su defensa, los letrados argentinos pidieron que YPF quede al margen del litigio y que la controversia gire únicamente en torno al derecho argentino.
La audiencia se extendió por casi dos horas y, aunque el tribunal no tiene plazos legales, se prevé que la decisión final podría conocerse durante 2026.