Flavia Royón es senadora por Salta y fue una de las defensoras de la reforma de la Ley de Glaciares para que puedan avanzar las mineras.
Flavia Royón, ex funcionaria de Alberto Fernández y hoy senadora. Una de las defensoras de la reforma de la Ley de Glaciares.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), encabezada por Enrique Viale, denunció a la senadora por Salta Flavia Royón por intereses contrapuestos ya que, indicaron, es parte de una consultora que asesora a la minera Río Tinto. La denuncia se realizó a través del Ministerio Público Fiscal mientras se debate en el Congreso la reforma de la Ley de Glaciares y se pidió la apertura de una investigación federal por presuntos delitos contra la administración pública.
El escrito, firmado por varios letrados de la organización, apunta a que Royón habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 256, 256 bis y 265 del Código Penal: negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho. Los denunciantes subrayan que no se trata de cuestionar sus opiniones legislativas —protegidas por la Constitución Nacional— sino su actuación vinculada a intereses privados del sector minero.
La carrera de Royón es extensa y se despliega en áreas sensibles de la política energética y minera. Fue secretaria de Minería y Energía de Salta, luego secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, más tarde secretaria de Minería bajo la presidencia de Javier Milei y, posteriormente, secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Desde diciembre de 2025 ocupa una banca en el Senado.
Según la denuncia, en paralelo a esa carrera pública, la senadora habría mantenido vínculos societarios y profesionales con empresas privadas del sector minero, entre ellas Zelandez —dedicada a servicios tecnológicos e hidrogeológicos para proyectos de litio— y la consultora Minenco SAS. Los abogados sostienen que Royón integró el directorio de Zelandez y tuvo un rol relevante en Minenco, compañías que asesoran a proyectos mineros en zonas reguladas por la legislación ambiental.
El núcleo de la acusación se concentra en su actuación durante el debate y la votación de la reforma a la Ley 26.639 de Glaciares. Royón impulsó activamente la iniciativa y votó a favor sin excusarse, pese a que la modificación beneficiaría directamente a empresas vinculadas a las firmas con las que habría tenido relación. La reforma habilita la exclusión de determinadas geoformas del régimen de protección cuando estudios técnico-científicos concluyan que no cumplen funciones hídricas relevantes. Para la AAdeAA, esa cláusula coincide con los servicios que presta Zelandez, lo que configuraría un interés económico directo.
La presentación también cuestiona un posible incumplimiento de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en asuntos donde tengan intereses personales o vínculos recientes. Los denunciantes remarcan que Royón no se apartó del debate ni de la votación. Además, señalan irregularidades en la presentación de su declaración jurada patrimonial, lo que refuerza la sospecha de vínculos económicos no transparentados.
En su tramo final, la denuncia solicita medidas de prueba: pedidos de información a organismos públicos, registros societarios, informes a la AFIP y al Senado, e incluso allanamientos en las sedes de las empresas mencionadas. La entidad reclama que se instruya el sumario correspondiente y se investigue la eventual existencia de un concurso de delitos contra la administración pública.
El caso quedó ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y decidir si corresponde avanzar con la investigación. Mientras tanto, la presentación ya generó un fuerte impacto político y mediático, reavivando el debate sobre la transparencia en la relación entre la política y los intereses privados en sectores estratégicos como la minería.