-Milei y el ministro Sturzenegger difundieron un artículo contra el kirchnerismo.
-La jactancia oficialista en un texto con el estilo totalitario del gobierno.
Javier Milei y Federico Sturzenegger.
Existe una expresión popular profundamente arraigada en el inconsciente colectivo que reza: “éramos tan felices y no lo sabíamos”. Sin embargo, al observar la trayectoria decadente de nuestra nación, en Argentina cabría la fórmula contraria: “Éramos tan infelices y no lo sabíamos”. Durante casi un siglo, el país se acostumbró a la erosión lenta pero persistente de sus fundamentos básicos, entregando bienestar y futuro a cambio de un estatismo asfixiante.
Argentina abandonó las ideas de la libertad de manera temprana, un proceso que germinó en la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen y se profundizó durante la Década Infame. No obstante, fue el fascismo de cabotaje de Juan Domingo Perón el que consolidó un cambio de paradigma cultural y económico, hasta que el sistema de las castas se cristalizó legalmente bajo el régimen de Juan Carlos Onganía. Este entramado corporativista, una vez blindado por la ley, produjo sus consecuencias más letales con la explosión populista de los años 70. Aquella etapa no solo destruyó los derechos de propiedad, sino que obligó a los ahorros de los argentinos a emigrar en busca de refugio. Desde entonces, el país ha sido como un atleta de alto rendimiento que quedó congelado en medio de una carrera mientras el resto del mundo seguía avanzando.
Si analizamos las estadísticas históricas, la evidencia es abrumadora. Si Argentina tan solo hubiera sostenido una tasa de crecimiento del 2% anual desde aquel quiebre, hoy nuestro ingreso por habitante sería más del doble del actual. Estaríamos hablando de un nivel de vida equiparable al de un país europeo desarrollado. La tragedia reside en que no tenemos conciencia plena de todo el bienestar que hemos sacrificado en el altar del intervencionismo. Éramos infelices, sumidos en una mediocridad sistémica, y no lo sabíamos.
Este estancamiento, que comenzó de forma moderada pero se volvió devastador en el último medio siglo, ha sido el centro de infinitas controversias. Sin embargo, la mecánica detrás del fenómeno es clara: el sistema de la casta diseñó un esquema de pocos ganadores privilegiados. Se crearon bolsones de ingresos transferidos coactivamente desde un pueblo que se hundía en la pobreza hacia sectores protegidos. Estos grupos de poder contaron con los recursos necesarios para domesticar a la prensa, financiar centros de estudio encargados de justificar sus prebendas y contratar consultores que, con un abono mensual, defendían el statu quo. Incluso sectores académicos, con un aire de superioridad intelectual, se dedicaron a contorsionar el pensamiento como una cinta de Moebius para intentar validar lo que, desde la lógica económica, es indefendible.
A pesar de las complejidades teóricas que se intentan imponer, la explicación de nuestro fracaso es sencilla. Argentina, a través de su historial de defaults, desagios, el Plan Bonex, la hiperinflación y expropiaciones de diversa índole, simplemente pulverizó el derecho de propiedad. Es imperativo comprender que el capitalismo es el sistema más justo y eficiente precisamente porque, al respetar la propiedad, protege los derechos primarios a la libertad y la vida.
Sin propiedad privada no existe un sistema económico que funcione, pero más importante aún, no hay libertad individual. Solo queda el poder autoritario del Estado. En nuestro país, el Estado —en sus tres niveles de gobierno— mutó hasta convertirse en una poderosa máquina de apropiación de recursos. Este mecanismo de succión despoja a los argentinos de lo que legítimamente les pertenece a través de impuestos imposibles, devolviendo a cambio servicios públicos de una calidad paupérrima.
Bajo esta luz se explica el intento destituyente que enfrentamos en 2025. Las leyes que buscaban violentar el equilibrio fiscal o defender nichos de privilegios —como el insólito voto para mantener estructuras burocráticas en Vialidad Nacional— fueron el producto de actores que temen al avance de la libertad. Por ello, la gestión que iniciamos en diciembre de 2023 puso un énfasis absoluto en el respeto a los contratos. Si el cambio en la nación ha de ser real, debe comenzar por la seguridad jurídica.
En el ámbito financiero, el riesgo país funciona como un indicador de la temperatura moral de un gobierno. Marca qué tan dispuesto está el poder político a violentar un contrato básico: el del endeudamiento. Al reflejar cuán lejos se encuentra una sociedad del respeto a la propiedad, tiene un efecto inmediato sobre la actividad económica y el crecimiento.
Seamos directos: Argentina tiene solo dos opciones. O el camino del respeto a la propiedad, que es el sendero de la prosperidad, o el camino de la violación sistemática que ofrece el kirchnerismo. Tras la derrota electoral del populismo en la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, en diálogo con el periodista Carlos Pagni, se encargó de recordarle al mundo su visión: calificó la deuda como "impagable" y sugirió que los intentos previos de abordarla habían sido "insuficientes". En el léxico kirchnerista, "insuficiente" significa que no se violaron los derechos de propiedad con la agresividad necesaria. Por esta razón, en nuestro país, al riesgo país debemos llamarlo "riesgo kuka".
Para cuantificar el daño que este riesgo genera, recurrimos a la ciencia económica. El modelo canónico para estos cálculos proviene del celebrado trabajo de los economistas Andrés Neumeyer y Fabrizio Perri (Business cycles in emerging economies, 2005). Su modelo de equilibrio general calibra cómo el riesgo país afecta la financiación de la inversión y los costos de producción.
Durante el periodo de incertidumbre en 2025, el riesgo país saltó de 560 a 1000 puntos básicos. Este "shock electoral" se asoció a una caída del 3,5% del PBI en dólares. De no haber mediado ese temor al retorno del populismo, la economía habría crecido un 6,9% en lugar del 4,4% registrado. Aplicando el modelo de Neumeyer-Perri, observamos que si ese aumento hubiera sido transitorio, la pérdida total acumulada hasta volver al estado anterior representaría un 31% del PBI. En términos monetarios, el simple fantasma del retorno kirchnerista nos costó aproximadamente 210.000 millones de dólares.
Afortunadamente, los argentinos han elegido un rumbo distinto basado en el equilibrio fiscal innegociable. El desplome del riesgo país que observamos tras la ratificación del rumbo actual es la prueba de que el mercado confía en este compromiso contractual.
Las proyecciones son alentadoras. Si el riesgo país se estabiliza de manera permanente en los 450 puntos básicos, el PBI de largo plazo subiría un 3% respecto al escenario anterior. Esto significa que en los próximos diez años acumularíamos 731.000 millones de dólares adicionales de riqueza; prácticamente ganaríamos un PBI entero en una década. Más aún, si logramos perforar el piso de los 350 puntos, el producto sería un 9% superior y la ganancia superaría los 1.5 billones de dólares. Estaríamos ante la creación de dos PBI extra.
Vaya si vale la pena respetar los derechos de propiedad. Apostar por este principio revierte rápidamente el daño infligido por el modelo de la casta. La libertad, y por derivado la propiedad, harán maravillas. Recordamos aquí la historia del jardinero cuyas plantas crecían esplendorosas; ante la pregunta de su secreto, él respondió: “No las obligo a crecer. Simplemente elimino lo que las detiene”. Nuestra misión es eliminar las trabas del Estado para que la energía creadora de los argentinos vuelva a estar en carrera. Como dice la canción de Alcides sobre Violeta, la libertad es el corazón de nuestro proyecto y no la vamos a dejar ir.
¡Viva la libertad, carajo!