Documento completo de la sentencia que condenó a 18 años de prisión a Walter Bento. Un antes y un después en la historia de corrupción de la Justicia Federal.
Walter Bento y sus hijos en una de las últimas audiencias del juicio.
Luis Vigazzola/ElEditor MendozaEl Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza dictó este viernes el veredicto en el juicio por corrupción judicial más trascendente de la historia reciente de la provincia. El proceso tuvo como principal protagonista al exjuez federal Walter Bento, señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de decisiones judiciales. La sentencia concluyó con condenas para 17 imputados, además de sobreseimientos, decomisos y unificaciones de penas previas.
La pena para Bento fue de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa superior a los 540 millones de pesos. El tribunal lo consideró responsable de múltiples delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo reiterado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba. Además, se difirió el tratamiento de su pedido de prisión domiciliaria y se mantuvieron las medidas de coerción hasta que el fallo quede firme.
Junto al exmagistrado fueron condenados abogados, exfuncionarios, policías y particulares, con penas que oscilaron entre un año de prisión en suspenso y condenas de cumplimiento efectivo superiores a los diez años. Entre los nombres más relevantes figuran:
Luciano Ortego, considerado intermediario clave, con una pena de 8 años y 6 meses.
Jaime Alba, abogado a cargo de la operativa, con 7 años de prisión.
Marta Isabel Boiza Yorino, con 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Nahuel Bento Boiza, hijo del exjuez, con 5 años de prisión.
Walter Bardinella Donoso, narcotraficante, con 13 años y 6 meses.
José Gabriel Moschetti, excomisario, con 3 años y 6 meses.
Martín Ríos Santander y Alejandro Matías Aramayo, abogados, con penas de entre 4 y 5 años.
El fallo incluyó decomisos definitivos de bienes, restitución de activos y la regulación futura de multas. Las actuaciones fueron remitidas a la secretaría de ejecución penal para el cómputo de las condenas.
La investigación reveló un sistema de sobornos que operaba desde el corazón del Poder Judicial mendocino. Los testimonios confirmaron que el exjuez Bento lideraba una organización que ofrecía beneficios judiciales —excarcelaciones, cambios de carátula, vistas gordas en causas de narcotráfico y contrabando— a cambio de pagos millonarios.
El asesinato del despachante de aduana Diego Aliaga en 2020 fue el detonante que desmoronó la estructura de poder. Aliaga, conocido como “valijero”, era el intermediario que negociaba las coimas con abogados y detenidos. Su muerte expuso pruebas digitales que vincularon directamente a Bento con la red de corrupción.
Durante casi dos décadas, Walter Bento fue una de las figuras más influyentes de la justicia mendocina. Ocupó desde 2005 el Juzgado Federal N° 1, un cargo estratégico por su competencia electoral, lo que le otorgaba control sobre la organización de elecciones nacionales en la provincia y un vínculo directo con la clase política.
Su llegada al poder estuvo respaldada por el operador peronista Juan Carlos “Chueco” Mazzón, y rápidamente se convirtió en un actor clave en causas de alto impacto político y empresarial. Se lo conocía por mantener un perfil bajo ante la prensa, aunque en el ámbito judicial era famoso por su colección de búhos y un estilo de vida que luego fue objeto de investigación patrimonial.
En los juicios de lesa humanidad, Bento instruyó causas emblemáticas como el “juicio a los jueces”, donde procesó a exmagistrados como Otilio Romano y Luis Miret. También ordenó la captura internacional de Romano en 2011. Sin embargo, organismos de derechos humanos lo señalaron como un obstáculo en la tarea de Memoria, Verdad y Justicia.
Uno de los episodios más controvertidos de su carrera ocurrió en 2011, cuando ordenó un resonante allanamiento en las oficinas de Cablevisión en Buenos Aires, en pleno conflicto por la Ley de Medios. La medida, impulsada a pedido del grupo Vila-Manzano, incluyó la intervención de la empresa y fue posteriormente declarada nula por la Corte Suprema, que cuestionó la extralimitación de su jurisdicción.
Ese tipo de decisiones reflejaban el poder que Bento acumuló en la justicia federal mendocina, un poder que parecía impenetrable hasta que el crimen de Aliaga abrió la puerta a las investigaciones que terminaron con su destitución y condena.
En noviembre de 2023, Bento fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño, perdiendo sus fueros y siendo detenido de inmediato. Finalmente, el 3 de febrero de 2026, fue condenado como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas, además de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La condena de Walter Bento marca un hito en la historia judicial argentina. Nunca antes un juez federal había recibido una pena de tal magnitud por corrupción. El caso expuso un entramado de favores y sobornos que durante años operó bajo las sombras de barrios exclusivos de Mendoza, y que ahora encuentra su desenlace en una sentencia que busca sentar precedente en la lucha contra la corrupción institucional.
El desenlace no solo significa la caída de un juez que durante años fue sinónimo de poder, sino también un llamado de atención sobre los riesgos de concentración de influencia en la justicia federal. La historia de Walter Bento es la de un ascenso meteórico que terminó en un derrumbe estrepitoso.
El fallo completo: