-Presionado por el lobby de las distribuidoras, el gobierno reconoció una deuda.
-Diputados avaló el pago de un suspuesto perjuicio de la emergencia tarifaria.
Miles de hogares mendocinos perderán los subsidios por Zona Fría. En cambio, empresarios como Vila y Manzano, dueños de Edenor, serán beneficiados con condonación de deudas.
Si el Senado sanciona la nueva Ley de Zonas Frías sin cambios en el proyecto con media sanción, el Estado tendrá que derivar a las distribuidoras eléctricas el equivalente al 80% del dinero que destinó a la construcción del gasoducto Tratayén - Salliquelo, en 2023, que explica una gran parte del superavit energético que esgrime el país.
El gobierno incluyó la respuesta a la demanda de los poderosos empresarios eléctricos en el articulado del proyecto para jibarizar el padrón de usuarios con tarifa reducida en virtud de habitar en una zona fría. El costo de la medida es de unos 1800 millones de dólares, que serán transferidos desde el fisco hacia las compañías que operan en el sector de la distribución eléctrica.
Ahí los colosos son Edesur, controlada por una empresa italiana, y Edenor, bajo los dominios del binomio mendocino Daniel Vila y José Luis Manzano junto a Mauricio Filiberti. A las cajas de ambas irá la mayor parte de la compensación si se concreta el objetivo del gobierno. Por poco, la suma no llegó a los 2200 millones desembolsados por la gestión de Alberto Fernández en su ocaso para la construcción del gasoducto Tratayén (Vaca Muerta, en Neuquén) - Salliqueló (Provincia de Buenos Aires), sin el cual no sería materialmente posible el superávit energético que presenta el país.
La Cámara de Diputados dio media sanción a un artículo que permite al Estado aplicar un esquema de compensación cruzada para resolver el conflicto con las distribuidoras eléctricas. El proyecto apunta a saldar la deuda acumulada durante la vigencia de las leyes de emergencia tarifaria, cuando no se aplicaron los mecanismos de actualización previstos en los contratos de concesión.
Si el Senado aprueba la iniciativa, el Ejecutivo deberá calcular los ingresos que las empresas dejaron de percibir en ese período. Ese crédito podrá usarse para compensar las deudas con Cammesa, siempre que las distribuidoras renuncien a reclamos judiciales.
Según el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las distribuidoras acumulan una deuda de 2,58 billones de pesos (unos 1800 millones de dólares) al 28 de febrero de este año. Ese pasivo se está regularizando mediante un plan de pagos en 72 cuotas con una tasa equivalente al 50% de la del Banco Nación.
El beneficio alcanza únicamente a las compañías que hayan firmado acuerdos de regularización con Cammesa, dejando afuera a cooperativas como las de Villa Gesell y Puerto Madryn, que enfrentan procesos judiciales por falta de pago.
Este esquema ya había sido incluido en el capítulo XI del Presupuesto 2026, rechazado en diciembre pasado por la Cámara baja. En aquel momento, el rechazo se debió a que el paquete también contemplaba la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que generó fuerte resistencia política.
El gobierno sostiene que la compensación cruzada busca cerrar un conflicto abierto: durante los años de emergencia tarifaria no se respetaron las tarifas previstas en los contratos. El proyecto exige que las distribuidoras renuncien a “la totalidad de los reclamos judiciales o administrativos” vinculados a esas emergencias.
Además, se establece que el crédito resultante se destinará exclusivamente a cancelar obligaciones con Cammesa, sin posibilidad de que las empresas lo utilicen para otros fines.
La oposición cuestiona que las distribuidoras eviten pagar deudas ya comprometidas y advierte que el beneficio para el Estado es incierto, dado que no existe fallo judicial que obligue a compensar a las empresas. Incluso un eventual fallo favorable en el CIADI no garantizaría el pago, ya que el Estado acumula decenas de sentencias en contra sin haberlas cumplido.
El oficialismo reconoce esa situación, pero argumenta que la medida permitirá sanear balances y convertir a las distribuidoras en sujetos de crédito, habilitándolas a conseguir financiamiento y firmar contratos de compra de energía directamente con generadoras. Según el gobierno, la compensación también beneficiará al Estado, ya que la deuda por atraso tarifario sería mayor al pasivo con Cammesa.
El proyecto otorga a la Subsecretaría de Energía Eléctrica la facultad de calcular las diferencias de ingresos, definir la metodología y establecer el procedimiento. No habrá intervención del Congreso, la Auditoría General de la Nación ni de organismos técnicos independientes, lo que abre un nuevo frente de debate sobre transparencia y control institucional. En definitiva, la media sanción abre un camino de negociación que puede redefinir la relación entre el Estado y las distribuidoras.