La Justicia habilitó al Gobierno de Javier Milei a apelar. Foto: gentileza Fadiunc
La Justicia revisará la cautelar por el financiamiento universitario
La Justicia revisará la cautelar por el financiamiento universitario
La Justicia habilitó al Gobierno de Javier Milei a apelar la medida que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión abre una nueva discusión judicial sobre la vigencia de esa orden, pero no significa que haya quedado sin efecto ni que el Estado esté eximido de cumplirla.
La resolución fue tomada este martes por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que aceptó un planteo del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Educación. El Gobierno había intentado apelar una decisión del juez de primera instancia Martín Cormick, pero ese recurso había sido rechazado.
Los camaristas consideraron que impedirle al Estado recurrir esa decisión podía provocarle un perjuicio difícil de reparar. Por eso, habilitaron el tratamiento de la apelación.
El punto central es que la Cámara no resolvió si el Gobierno cumplió o incumplió con la ley. Lo que hizo fue permitir que esa discusión avance en otra instancia judicial.
Para entender el alcance del fallo, hay que distinguir dos cuestiones: la obligación de cumplir con la medida judicial y la posibilidad de discutir si esa orden sigue vigente.
La medida cautelar es una orden provisoria que la Justicia dicta para proteger una situación mientras se resuelve una causa. En este caso, obliga al Estado nacional a cumplir con determinadas disposiciones vinculadas al financiamiento universitario mientras continúa la discusión judicial.
El Gobierno sostiene que esa orden tenía un plazo de vigencia que ya venció. Por eso, argumenta que el juez no podía extenderla ni exigir su cumplimiento mediante intimaciones y posibles multas sin revisar antes si correspondía mantenerla vigente.
La Cámara habilitó que ese planteo sea analizado. Sin embargo, la apelación no suspende automáticamente la ejecución de la medida cautelar. Por ahora, la orden judicial continúa vigente mientras se tramita el recurso.
En otras palabras, el Gobierno consiguió que la Justicia le permita discutir la vigencia de la medida, pero todavía no obtuvo una resolución que lo libere de cumplirla.
La defensa del Estado sostiene que aplicar la ley en los términos exigidos por la Justicia obligaría a reasignar partidas presupuestarias en gran escala.
Según el Gobierno, eso pondría en riesgo el equilibrio fiscal, porque el Congreso aprobó la norma sin identificar una fuente de financiamiento que garantice los recursos necesarios.
Estos son los argumentos de la administración nacional para intentar revertir la medida. La resolución de la Cámara no confirmó que sean correctos ni determinó que el Estado haya cumplido con sus obligaciones.
