El juez aceptó la apelación del Gobierno, pero sigue vigente la orden de financiar las universidades.
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló, pero debe cumplir la ley
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló, pero debe cumplir la ley
El Gobierno nacional consiguió que la Justicia revise el fallo que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero no logró frenar su aplicación. El juez federal Martín Cormick concedió la apelación presentada por el Ejecutivo y elevó el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque mantuvo vigentes las medidas que ordenan transferir fondos a las universidades, recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
La decisión abre una nueva etapa en la disputa entre el Gobierno y las universidades. Los jueces de segunda instancia deberán revisar si corresponde mantener o revocar el fallo original, pero mientras tanto la administración nacional sigue obligada a cumplir con la medida judicial.
El Ministerio de Capital Humano cuestionó la resolución y sostuvo que aplicar la ley de manera inmediata tendría un impacto fiscal de gran magnitud y comprometería el equilibrio de las cuentas públicas. Ese es uno de los principales argumentos que el Gobierno presentó para intentar revertir la decisión.
Que Cormick haya aceptado la apelación contra un fallo que él mismo dictó puede generar confusión. Sin embargo, no significa que haya cambiado de opinión ni que haya dado marcha atrás con su resolución.
En el sistema judicial argentino, el juez que intervino inicialmente en una causa debe comprobar si el recurso presentado cumple con los requisitos necesarios para ser tratado. Entre otras cuestiones, revisa si fue presentado dentro del plazo legal y si quien reclama está habilitado para hacerlo.
Si se cumplen esas condiciones, el juez concede la apelación y envía el expediente a una instancia superior. No le corresponde resolver en ese momento si su decisión anterior fue correcta o incorrecta. Esa tarea queda en manos de los magistrados que revisarán el caso.
Por eso, la decisión de Cormick no representa un fallo a favor del Gobierno sobre el fondo de la discusión. Es el paso formal que permite que la Cámara analice los argumentos presentados por el Ejecutivo.
El punto central de la resolución es que la apelación fue concedida sin suspender las medidas que ya estaban vigentes. En otras palabras, el Gobierno puede discutir el fallo ante una instancia superior, pero no puede dejar de cumplirlo por el solo hecho de haber apelado.
Cormick dejó expresamente establecido que continuará el trámite para ejecutar la medida judicial. Esto implica que siguen vigentes las órdenes relacionadas con las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización de las becas.
La Cámara deberá estudiar los argumentos de las partes y decidir si confirma o revoca la resolución original. Hasta entonces, la obligación de cumplir con la medida permanece.
