El escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha referirse a presuntas maniobras de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó un capítulo inesperado que pone contra las cuerda al Gobierno de Javier Milei.
A las repercusiones políticas que ya golpean la administración libertaria, ahora se le añade una nueva denuncia formal contra el exfuncionario. La presentación fue radicada en Córdoba por el abogado Pablo Olmos, quien lo acusa de abuso de autoridad y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal N°1, que conduce Enrique Senestrari.
Según explicó el letrado, durante la gestión de Spagnuolo se habrían impulsado cambios administrativos que derivaron en la suspensión masiva de pensiones por discapacidad. “Lo que se hizo fue montar un esquema destinado a rechazar de manera generalizada los trámites en curso”, señaló Olmos en diálogo con la periodista Lorena Maciel en Radio Con Vos.
spagnuolo
Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, fue echado tras revelar la trama de coimas en la ANDIS.
Los detalles de la nueva denuncia
El núcleo de la denuncia está vinculado a las modificaciones que la ANDIS introdujo en el sistema Baremo, utilizado para determinar el nivel de invalidez laboral. Dichos cambios comenzaron a aplicarse en enero, pero fueron dejados sin efecto en mayo tras fuertes cuestionamientos.
Otro de los puntos señalados por el abogado es la falta de notificación a los beneficiarios, especialmente en provincias del interior, lo que en la práctica les impidió defenderse o presentarse a las revisaciones médicas.
“Lo que revelan los audios es que existió un armado orientado a dar de baja las pensiones en bloque, para cuadrar los números del organismo”, denunció. “Lo que revelan los audios es que existió un armado orientado a dar de baja las pensiones en bloque, para cuadrar los números del organismo”, denunció.
Ante este panorama, Olmos solicitó además una medida cautelar para que se normalice el pago de las pensiones mientras se investigan los hechos. “Las personas más vulnerables tienen derecho a defenderse, por eso pedimos que se restablezcan los pagos y que las auditorías se hagan de manera transparente”, concluyó.