El gobierno libertario y sus aliados provinciales promueven una reforma laboral que, bajo el argumento de modernizar el empleo, desmantela pilares históricos de protección social. Sindicatos y especialistas advierten que se trata de una ofensiva regresiva que podría agravar la precarización de los trabajadores. Un spoiler de lo que sería esa reforma lo entregó Luis Caputo en el último Coloquio IDEA, del que participó Alfredo Cornejo, a los empresarios. En esta provincia, por caso, acaba de aprobarse la reforma del Estatuto del Empleado Público, que pulverizó la estabilidad, la antigüedad y reconfiguró las indemnizaciones.
La reforma laboral que impulsa Javier Milei, respaldada por su ministro de Defensa y principal candidato de la alianza LLA-UCR, Luis Petri, y militada por Alfredo Cornejo, avanza con propuestas que incluyen desde la eliminación de indemnizaciones hasta la posibilidad de jornadas de 13 horas al modo griego aprobado la semana pasada. Lo que se conoce hasta ahora del borrador de la reforma revela un sesgo flexibilizador que, según advierten sindicatos y organismos internacionales, podría agravar la precarización y debilitar el tejido social argentino.
Algunos puntos de la reforma laboral en danza
Algunos de los puntos centrales del borrador de reforma que circulan en los ámbitos gremiales, y que se trabaja según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el ámbito del Consejo de Mayo, son:
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El fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, un principio que establece que un convenio continúa vigente después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie y acuerde uno nuevo. Su finalidad es evitar la desprotección de los trabajadores, garantizando que sus derechos y condiciones laborales se mantengan hasta que se concrete un nuevo convenio. En algunos países, tras una reforma, esta prórroga es indefinida, prorrogándose anualmente hasta que se llegue a un acuerdo nuevo. Julio Cordero, secretario de Trabajo, planteó en caso de que no sea posible el fin de la ultraactividad la posibilidad de dar prioridad a convenios por empresa para desguazar los convenios colectivos. También se habló de la posibilidad de pautar convenios regionales con distintos salarios por zonas del país y otra propuesta, que en Mendoza ya se aplica en el sector estatal, son los salarios por productividad, es decir establecer un piso salarial y el resto que sea por mérito, productividad, presentismo, etc.
La eliminación de las indemnizaciones por despido, sustituidas por un fondo de cese laboral.
La creación de un banco de horas para compensar trabajo extra con tiempo libre sin que el empleador deba pagarlas.
La posibilidad de pactar contratos individuales en cualquier moneda, incluso dólares.
La flexibilización de las vacaciones, que quedaría en manos del empleador según las necesidades de producción de las empresas. Además, las vacaciones podrían fragmentarse según necesidad del empleador.
Una propuesta a lo griego
Periodistas del mundo gremial revelaron en portales especializados que el empresario Martín Varsavsky, cercano al presidente Milei, deslizó la idea de extender la jornada laboral diaria a 13 horas, inspirado en el modelo griego. Aunque aclaró que se trata de una propuesta “negociable”, el gesto fue interpretado como una muestra del rumbo ideológico del oficialismo: priorizar la flexibilidad por sobre la protección social, en un contexto de crisis económica y alta informalidad.
"No es preciso afirmar que Javier Milei 'quiere poner' una jornada laboral obligatoria de 13 horas", sostuvo en X. La propuesta, según detalló, se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas y se podría aplicar un máximo de 37 días al año, con el objetivo de "optimizar la productividad".
milei y Varsavsky
Milei y Varsavsky en una imagen en redes sociales.
Para el Gobierno, estas reformas buscan reducir la informalidad y terminar con la “industria del juicio laboral”, tal como promocionó días atrás Petri en San Rafael y repitió en las últimas entrevistas de cara a las legislativas. Para los sindicatos, representan una regresión histórica que debilita el poder de negociación de los trabajadores y erosiona derechos adquiridos.
“Buscamos consolidar los derechos laborales de los trabajadores reales, los derechos reales, modificar las distorsiones que hay hoy en el sistema jurídico y profundizar una realidad que permita generar empleo genuino, de calidad y formal”, afirmó Cordero en Radio Mitre.
ulio cordero
Julio Cordero, secretario de Trabajo.
Qué dicen la OIT, OCDE y la CEPAL
Un informe técnico que circula entre dirigentes de la CGT citado por Mundo Gremial refuerza las críticas. Basado en estudios de la OIT, la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial, el documento concluye que reformas centradas en la reducción de costos laborales no garantizan mayor eficiencia ni empleo formal sostenido. Por el contrario, tienden a aumentar la rotación, la informalidad y la desigualdad, afectando la recaudación previsional y debilitando la demanda interna.
Entre los puntos más cuestionados, el informe destaca la flexibilización de despidos y la descentralización de las paritarias, que debilitan el poder de negociación de los trabajadores y generan caídas reales de salarios. También advierte que la reducción de cargas patronales no se traduce en más empleo, sino en pérdida de ingresos fiscales y deterioro del financiamiento de la seguridad social.
Petri y Cornejo militan la reforma
Luis Petri insiste en que la reforma laboral es “necesaria” para enfrentar la informalidad. “Hay 8 millones de precarizados, sin obra social, en la más absoluta informalidad. Tenemos que discutir de manera seria y que la reforma no sea obturada por el sindicalismo defendiendo sus intereses de casta”, afirmó en una entrevista reciente.
Tanto el candidato de la alianza como el gobernador repiten como mantra que Argentina necesita una ley que “ablande las condiciones del trabajo” y desaliente los juicios laborales. En el Coloquio IDEA, fue una de las principales exigencias del empresariado, que reclama pagar menos impuestos y contratar más barato.
Embed - Luis Petri arenga por la reforma laboral
Mendoza como laboratorio
En Mendoza la recién promulgada reforma del Estatuto del Empleado Público modificó artículos clave sobre estabilidad, antigüedad e indemnizaciones. Los gremios calificaron la norma como una “reforma laboral encubierta” y anticiparon una catarata de presentaciones judiciales. Aunque el oficialismo la presenta como una modernización sin mayores costos, sindicatos y especialistas advierten que se trata de una ofensiva regresiva, inconstitucional y profundamente lesiva para los derechos adquiridos.
La reforma aún debe atravesar el debate parlamentario, pero el escenario anticipa alta conflictividad. Si el Gobierno insiste en avanzar sin consensos, los gremios podrían activar medidas de fuerza. La definición de un nuevo Congreso será clave: para blindar vetos los libertarios necesitan un tercio del Congreso o armar desde octubre un gobierno de coalición.
